Con diligencias realizadas desde las 05:00 de la madrugada, la PDI, por orden del ministro en visita que investiga causas de Derechos Humanos, Jorge Arancibia, dio inicio al proceso de detención de 10 uniformados en retiro de la Armada por los delitos de secuestro y detención ilegal de María Muñoz Pulgar.

Hechos que según establece la indagatoria ocurrieron el 24 de abril de 1974, cuando la víctima, inspectora del liceo N1 de Niñas y N4 en Cerro Barón fue detenida por personal de la Policía de Investigaciones para luego ser derivada al Cuartel Silva Palma, perteneciente a la Armada de Valparaíso.

Tras notificarse que era simpatizante de partidos contrarios al régimen militar, recibió golpes en medio de los interrogatorios, además de amenazas de muerte, que dieron cuenta de secuelas físicas y psicológicas hasta hoy.

Hasta al lugar ha llegado la multigremial de funcionarios en retiro de Carabineros, Policía de Investigaciones y de la Armada a respaldar a quienes a partir de las 11:00 horas sostendrían una reunión con el ministro en visita, Jaime Arancibia, para luego ver la posibilidad de que sean derivados a los recintos de estas instituciones para cumplir con la medida cautelar.

Se decretó la prisión preventiva para Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez, Juan Reyes Basaur, Ricardo Riesco Cornejo, Valentín Riquelme Villalobos, Gilda Ulloa Valle, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Núñez Contreras, Bartelino Castillo Soto y Juan Jorquera Terrazas como autores de delitos de detención ilegal y secuestro con daño grave.

Los nombres de funcionarios en retiro se repiten además en la investigación que lidera el ministro Arancibia en el caso de Marco Contardo, un menor de 15 años, quien fue llevado en 1973 hacia la Academia de Guerra Naval junto a su madre y su abuela, donde se les aplicó golpes y corriente eléctrica, siendo liberados al cabo de dos semanas.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)