El extravío del teléfono celular del gendarme fallecido en la cárcel de Quillota fue reportado a la Fiscalía, transformándose en una de las piezas claves para la investigación.
La información fue confirmada a Radio Bío Bío por fuentes al interior de Gendarmería, desde donde se indicó que ante la denuncia hecha se entregaron los antecedentes a la fiscalía local para que se investigue lo sucedido.
El dispositivo habría desaparecido en medio del operativo que intentaba salvarle la vida al funcionario.
Desde la Asociación de Sub Oficiales de Gendarmería, Ansog, también mostraron su preocupación frente al tema y solicitaron que se indague a cabalidad lo ocurrido.
Joe González, presidente del organismo gremial, indicó que recuperar el teléfono celular del funcionario, para que sea periciado, puede entregar datos relevantes al momento de esclarecer fehacientemente los hechos.
“Manejamos la misma información, respecto al extravío, robo o hurto, del teléfono del colega que tomó la drástica decisión que todos conocen. Nos parece bastante grave. Es un teléfono que debió haber tenido el resguardo necesario, atendida la gravedad de la situación”, sostuvo González.
En paralelo a esta arista de la indagatoria, el eventual suicidio del gendarme de Quillota y las declaraciones del director regional de Gendarmería, coronel Tito Barriga, quien reconoció como condiciones poco humanas los extensos turnos del personal, atribuyéndolo a la falta de funcionarios, generaron diversas reacciones incluso en el mundo político, principalmente de oposición.
El diputado RN Gonzalo Fuenzalida aseguró que es escandoloso que en las zonas extremas, donde se paga mayor sueldo, existan más gendarmes que reos en las cárceles, en desmedro de recintos penales como Colina y Quillota, donde funcionarios jóvenes se han quitado la vida en las ultimas semanas.
Fuenzalida recordó que hace menos de un mes un gendarme también se quitó la vida en el penal de Colina y que en Osorno una funcionaria sufrió un intento de homicidio, lo que pone dijo en tela de juicio la capacidad administrativa de la autoridad política para solucionar esta crisis.
