La Fundación Emilia emplazó al Senado e hizo un llamado a entregar respuestas tras el último fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que revocó la sentencia de Diego Vera Pizarro, responsable de la muerte del relator deportivo Javier Muñoz.
El Tribunal de Alzada porteño estableció el cumplimiento de un año de presidio efectivo y 4 años de libertad vigilada intensiva. Acción que se asemeja a lo que ocurrió con Pablo Ascensio, primera víctima bajo la llamada Ley Emilia, donde la Corte de apelaciones rebajó la sentencia del autor de los delitos, de nueve a dos años de pena efectiva.
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La presidenta de la organización, Carolina Figueroa, atribuyó a los parlamentarios de la cámara alta la responsabilidad, tras los últimos fallos decretados por el organismo, asegurando que no han sido acordes a su primera instancia judicial.
Desde la Comisión de Justicia y Constitución de la cámara baja, el diputado Daniel Farcas (PPD) aseguró que la problemática se oficiará al Senado, dado que el actual funcionamiento de la Ley Emilia no se acoge a lo que fue anunciado tras su legislación.
Cuestionamientos que surgen en torno a la llamada Ley Emilia, luego de que cerca de 30 familiares de víctimas de accidentes automovilísticos de todo el país llegaran el pasado viernes hasta el frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, exigiendo la aplicación de mayores sentencias para quienes resulten responsables.
