Funcionarios del Sename de Valparaíso se manifestaron a las afueras de las oficinas del Servicio para exigir la salida del director regional y emplazar a la autoridad nacional a replicar estos cambios en el resto del país.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename (Anfur), Luis Cortés aseguró que hasta el momento sólo se ha “cortado el hilo por lo mas fino” al ser juzgada la labor de los trabajadores del servicio y no de los cargos directivos, considerando que el 99% de los directores regionales a lo largo del país ejercen su rol como cargos políticos y no técnicos.
Para Cortés, Valparaíso es una ciudad ícono para iniciar una renovación en todos los servicios a lo largo del país.
Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de los Trabajadores de la institución (Antrase) denunció persecuciones a funcionarios y le atribuyó a Elórtegui la responsabilidad de todos los hechos graves ocurridos últimamente en el Servicio.
Según el dirigente, el caso de Iván Oporto, educador del Centro de Internación Provisoria de Limache -quien fue víctima de 8 puñaladas por parte de un interno-, refleja las condiciones laborales que los trabajadores han denunciado hace años sin obtener respuesta.
Mabel Zúñiga, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales en la región, aseguró que al “no dar el ancho”, Elórtegui debe dejar un cargo que asumió tras haber realizado su práctica profesional, levantando la necesidad de avanzar en políticas de protección que mejoren las condiciones de niños y funcionarios.
Por su parte, el cuestionado director de Sename en la región, Esteban Elórtegui relacionó este tipo de movilizaciones con sanciones que han implicado a funcionarios de la zona.
Elórtegui manifestó que le llama la atención que este tipo de manifestaciones se den luego de suspensiones por denuncias de presuntos malos tratos, estableciendo una relación entre la movilización de los funcionarios con sanciones establecidas en la zona.
El director descartó ser un personero político y aseguró que quienes hoy piden su renuncia, valoraron su designación luego de trabajar en la Unidad Jurídica del Servicio entre el 2012 y 2013.
Asimismo calificó como un avance la idea que -una vez aprobadas las leyes que buscan perfeccionar el sistema- la dirección sea concursable a través alta dirección pública.
Por su parte los dirigentes hicieron un llamado para la creación de una “ley marco de la infancia” al considerar que aún se mantiene vigente una legislación que se arrastra de 1976, ya que hasta al momento estas políticas son producto de las buenas voluntades y no se está obligando a las partes a hacerse cargo.
