Hasta la Corte de Apelaciones en Valparaíso llegó el sexto grupo de ex-presos políticos a interponer 13 nuevas querellas por tortura y secuestro calificado, momentos referidos a la dictadura militar, en el marco de la acción llevada a cabo por la Coordinadora de Derechos Humanos.
Instancia que se ha repetido desde enero de este año, donde ya son cerca de 60 acciones judiciales en total, las que han sido presentadas cada mes, según detalló el abogado querellante, Rodrigo Díaz Yubero.
En tanto, Hector Cataldo, presidente regional de la Coordinadora de DD.HH., se mostró optimista ante el camino que tendrán estas querellas por vías de su resolución judicial.
El representante emplazó al Gobierno y solicitó terminar con los hechos de impunidad que no han sido reconocidos por ningún mandatario. En específico, Cataldo, aseguró que durante el mandato del expresidente Ricardo Lagos, ha sido el gobierno que más silenció los testimonios de los ex-presos políticos.
Sin embargo, minutos antes de la presentación de las 13 querellas, un grupo de 8 personas, ligadas a la alta dirección del Movimiento de la Acción Popular Unitaria, MAPU, ingresaron al tribunal de alzada para solicitar la rectificación de una querella individual interpuesta en septiembre de 2015, que durante su tramitación el ministro, Jaime Arancibia, desglosó en 8 acciones judiciales que tipifican distintos delitos ocurridos al interior del Cuartel Silva Palma en la Armada de Chile.
Angela Peralta, abogada en la instancia, aclaró que la querella volvió a ser una sola, por una similitud de hechos que habrían afectado al grupo de personas insertas en un mismo lugar.
Además, la jurista explicó que se le solicitó al ministro la incorporación de Haydeé Oberreuter a la actual querella; mujer ligada a la dirección clandestina del MAPU, quien había presentado en años anteriores una querella individual por tortura, resultando favorecida en mayo de este año, tras el fallo decretado por la Corte de Apelaciones.
