La Contraloría General de la República detectó conflicto de interés en la adjudicación de más de 46 mil cajas de alimentos en la región de Tarapacá.

Asimismo, el organismo fiscalizador declaró ilegal los contratos y compras millonarias de cajas de alimentos con entidades locales en la región, debido a que no se ajustaban a derecho.

Estas irregularidades habrían sido cometidas por la Intendencia de Tarapacá en tratos directos más de $1.000 millones.

Millonarias compras

La fiscalización detectó irregularidades y conflictos de interés en los procesos de trato directo que hizo la autoridad en la zona por más de $1.190 millones con dos productoras de eventos y una persona natural.

De acuerdo al documento de la Contraloría, no se dio curso a las resoluciones que autorizaban los contratos por trato directo celebrados con los proveedores Lorena Barrientos y DID Sonido y Compañía Spa para la adquisición de canastas familiares para emergencia covid-19 en la región.

Además, se suma que no se dio curso a la aprobación del convenio de transferencia para la adquisición y distribución de canastas familiares -en la provincia de Iquique- celebrado con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique.

Los recursos utilizados corresponden al fondo de emergencia regional dispuesto para aquello por $1.190 millones, con el objetivo de ir en ayuda alimentaria para las personas afectadas por la pandemia del coronavirus.

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