La Corte de Apelaciones de Iquique acogió a trámite un recurso de protección presentado contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, -entre otros representantes del Gobierno- para evitar que ciudadanos bolivianos sean trasladados hasta Iquique y pasen allí su cuarentena.
En el documento de siete páginas -ingresado este martes por un residente de la comuna en favor de sí mismo y sus tres hijos- se denuncia como ilegal y arbitrario el actuar de las autoridades y busca frenar los desplazamientos de las personas que desde hace ya varios meses acampan en las afueras del consultado de ese país, en Providencia, región Metropolitana.
Para argumentar su postura, el recurrente citó declaraciones vertidas por Blumel en el programa de televisión Mesa Central, con las cuales da a “entender que se enviarán nuevamente a personas desde una región con altísimos índices de contagio de Covid-19, como es la Metropolitana a la Región de Tarapacá con un alto riesgo para la salud y la vida de los habitantes de la ciudad de Iquique en general, y de mi persona y mi familia en particular”.
Saturación red asistencial
El denunciante también recogió testimonios de representantes del Colegio Médico local, quienes indicaron estar en desacuerdo con el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, otra de las autoridades a las que apunta el escrito, quien sostuvo el pasado 31 de mayo que “en la medida que nosotros como región somos un paso habilitado para esta situación (recibir ciudadanos bolivianos para que cumplan cuarentena) obviamente que tenemos que estar disponibles”.
En efecto, a través de una declaración pública desde el Colmed indicaron que “si bien reconocemos sus buenas intenciones, la región está imposibilitada, desde el punto de vista sanitario, de recibir a más ciudadanos de origen boliviano y de cualquier otra nación para que se instalen en Tarapacá a esperar el traslado definitivo a sus países”.
¿La razón? “Nuestra red asistencial ya no tiene la capacidad suficiente para atender a más personas”, sentenciaron.
Deben presentar informes
La respuesta se conoció este miércoles cuando la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Rafael Corvalán Pazols y Marilyn Fredes Araya- acogió a trámite el recurso de protección y dio un plazo de 10 días a Sebastián Piñera y Gonzalo Blumel para remitir informe sobre la materia.
De este modo, ambas autoridades -además del jefe de la Defensa y el intendente de Tarapacá- deberán “remitir conjuntamente todos los antecedentes necesarios al efecto, bajo apercibimiento de prescindirse de él y de aplicársele algunas de las medidas contempladas en el numeral 15 del Auto Acordado que regula la acción constitucional de protección, si así no lo hiciere”.
