Drogas, golpes y licencias falsas: el periplo de la exconcejala de graneros que terminó en la calle

“Me encuentro en situación de calle por decisión propia”. Eso fue parte de lo que Thae Ignacia Loiza Galaz, exconcejala de Graneros electa por el Partido por la Democracia (PDD), les dijo a los detectives que el pasado lunes la encontraron cubierta con cartones en la intersección de Huérfanos con Bandera, en pleno centro de Santiago.

Testimonios de quienes siguieron de cerca la búsqueda, expedientes judiciales y la declaración de la propia Loiza —a la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— reconstruyen los turbulentos últimos años de la mujer que estuvo desaparecida durante 12 días.

El consumo problemático de alcohol y drogas habría sido el detonante de un periplo que comenzó el 5 de agosto pasado, cuando decidió abandonar el departamento de una amiga en Ñuñoa con rumbo desconocido.

Encontrarla obligó a la policía recrear sus últimos movimientos prácticamente desde cero. Entrevistas a familiares, amistades y compañeros de trabajo, junto con la revisión de cámaras de seguridad, permitieron descartar la participación de terceros.

—Durante el tiempo que estuvo sin ser ubicada, tuvo conflictos con clientes de La Piojera. Cuando estaba bajo los efectos del alcohol y drogas se transformaba en una persona muy violenta. Había que encontrarla lo antes posible —revela una fuente de Bio Bío Investiga que conoció de cerca el proceso de búsqueda.

Ruta investigativa

La búsqueda comenzó con la reconstrucción del círculo más cercano de la exconcejala. De acuerdo con fuentes conocedoras de la indagatoria, los detectives entrevistaron a familiares, amistades, exparejas y compañeros de trabajo, con el objetivo de levantar un perfil que permitiera establecer dónde podía estar y en qué condiciones había desaparecido.

Fue en esas diligencias que surgieron antecedentes hasta entonces desconocidos para parte de su familia. Quienes siguieron de cerca la investigación aseguran que los testimonios permitieron acreditar que la mujer enfrentaba un consumo problemático de alcohol y drogas, un elemento que terminaría siendo clave para orientar la búsqueda.

Los policías establecieron, además, que hasta poco antes de desaparecer trabajaba en una hamburguesería de La Florida y que se alojaba en el departamento de una amiga en Ñuñoa. Según las mismas fuentes, la relación entre ambas se había deteriorado, principalmente, por episodios asociados al consumo.

El análisis de cámaras de seguridad permitió descartar tempranamente la intervención de terceros. Los registros mostraron que el 5 de agosto la exconcejala salió sola y caminando desde el inmueble. No fue obligada a abandonar el lugar ni abordó algún vehículo en las inmediaciones, según explican quienes tuvieron acceso a las diligencias.

La revisión de imágenes, sin embargo, tuvo dificultades. Cuando los detectives comenzaron a reconstruir su recorrido ya había transcurrido cerca de una semana y varias cámaras privadas habían eliminado sus registros por falta de capacidad de almacenamiento. Aun así, las secuencias disponibles permitieron establecer que su salida había sido voluntaria.

Con esos antecedentes, los investigadores comenzaron a ubicar a sus contactos en Santiago y Graneros. La cooperación de la Brigada de Ubicación de Personas resultó fundamental para elaborar una cronología y determinar que la mujer ya no contaba con un domicilio estable ni con una red de apoyo cercana.

Un dato entregado durante las entrevistas terminó por concentrar los esfuerzos en Santiago Centro. De acuerdo con fuentes ligadas al procedimiento, distintas personas aseguraron haberla visto deambulando por el casco histórico de la capital, información que coincidía con registros obtenidos de cámaras y con antecedentes aportados por inspectores municipales.

El operativo final reunió a cerca de una docena de detectives, distribuidos en distintos equipos, además de funcionarios municipales y personal de Carabineros. Tras revisar cámaras y recorrer diversos puntos del centro, la mujer fue localizada en la intersección de Huérfanos con Bandera, cubierta con cartones y en situación de calle.

Pese a que se encontraba en buenas condiciones físicas aparentes, rechazó ser trasladada a un cuartel o a un centro asistencial. Al tratarse de una persona adulta y consciente, la PDI tomó su declaración en el lugar, informó al Ministerio Público y comunicó el hallazgo a su familia. Según fuentes que conocieron el procedimiento, ella optó por continuar viviendo en la calle y manifestó que no quería retomar contacto con su entorno cercano.

Drogas, nada nuevo

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el consumo problemático de drogas no es algo nuevo ni reciente en la vida de Thae Ignacia Loiza Galaz. La mujer trans, hoy de 33 años, protagonizó en noviembre del año pasado un episodio que también quedó registrado en tribunales.

Fue un suboficial mayor de Carabineros quien puso en conocimiento del Ministerio Público un procedimiento ocurrido al interior del domicilio de una amiga de la entonces concejala, el cual requirió apoyo policial y municipal.

En concreto, el 11 de noviembre de 2025, a las 18:35 horas, nueve meses antes de su desaparición —según consta en el parte policial—, efectivos de Carabineros y personal de Seguridad Municipal de Graneros concurrieron hasta una vivienda de la Villa Rafael Carvallo para atender un llamado de emergencia.

En el lugar, una mujer de iniciales P.A.H.G. informó a los funcionarios que había solicitado ayuda luego de encontrar a su amiga Thae “tumbada boca abajo y con espuma en su boca” al interior de uno de los dormitorios. Según relató, la situación ocurrió después de que consumiera una cantidad considerable de clonazepam en comprimidos de 2 miligramos.

Aunque inicialmente se solicitó una ambulancia, la falta de vehículos disponibles obligó a trasladar a la concejala en una camioneta municipal hasta el Hospital Santa Filomena de Graneros, donde recibió atención médica.

En ese contexto, y ante la eventual configuración de un delito, los antecedentes llegaron al Juzgado de Garantía de Graneros luego de que Carabineros informara el procedimiento al Ministerio Público. Sin embargo, la propia fiscalía comunicó al tribunal su decisión de “abstenerse de toda investigación en el presente caso”, al estimar que “los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito”.

Certificados falsos: la condena

Para entonces, Loiza ya era objeto de una investigación con la que alcanzó notoriedad pública. Y es que la fiscalía le seguía sus pasos por la presentación de certificados médicos falsos y la obtención fraudulenta de remuneraciones.

De acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia que más tarde se dictaría en su contra, como integrante del Concejo Municipal debía asistir a tres sesiones ordinarias al mes. El pago íntegro de su dieta, de poco más de $1 millón mensual, dependía de que concurriera a esas reuniones o justificara adecuadamente sus ausencias.

Fue en ese contexto que presentó 13 certificados médicos falsos ante el municipio, “con la finalidad de que no se le descontara parte de su remuneración”. Diez de los documentos aparecían firmados y timbrados por un médico que había fallecido el 9 de junio de 2019, antes de las fechas consignadas en las respectivas licencias.

Los otros tres certificados figuraban como emitidos por un segundo facultativo que, según estableció la investigación tras una toma de declaración, “jamás ha atendido de manera alguna a la imputada”. Como sea, los documentos atribuían a Loiza distintas afecciones de salud y le concedían reposo durante las jornadas en que debía asistir a las sesiones municipales.

La resolución sostiene que la entonces concejala encargaba los certificados a una coimputada, a quien pagaba $10 mil por cada documento. Luego se completaban con las fechas requeridas y con diagnósticos como gastroenteritis, dolor abdominal o artritis psoriásica, antes de ser presentados ante la Municipalidad de Graneros.

Mediante ese mecanismo, determinó el tribunal, Loiza recibió íntegramente remuneraciones que debieron ser descontadas debido a sus inasistencias injustificadas. El perjuicio económico fue calculado en $2.585.622.

Por estos hechos, fue sentenciada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa de 6 UTM por el delito reiterado relacionado con los certificados médicos falsos. A ello se sumó una segunda pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y otra multa de 6 UTM por la obtención fraudulenta de remuneraciones.

Asimismo, el tribunal también decretó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las penas privativas de libertad. Sin embargo, el cumplimiento en prisión fue sustituido por la remisión condicional, por lo que Loiza quedó bajo la vigilancia de Gendarmería durante el mismo periodo de las condenas. Las multas —que totalizaban 12 UTM— se tuvieron por cumplidas mediante su conversión y la imputación de los días que permaneció privada de libertad durante la causa.

Violencia familiar

En paralelo, Thae Ignacia Loiza Galaz figuraba como víctima en una causa penal que todavía se encuentra pendiente ante el Juzgado de Garantía de Graneros. El Ministerio Público presentó un requerimiento en procedimiento simplificado contra su hermano, Carlos Cristian Loiza Galaz, a quien atribuye una agresión ocurrida al interior del domicilio que ambos compartían en la población Rafael Carvallo.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, cerca de las 15:00 horas del 3 de enero de 2026 se produjo una discusión entre ambos. En ese contexto, el imputado se habría abalanzado contra su hermana y le habría propinado “dos cachetadas en el rostro”.

Tras el episodio, Thae fue atendida en el Hospital de Graneros. El diagnóstico incorporado a la causa estableció que sufrió lesiones clínicamente leves, consistentes en un “eritema en la zona cigomática derecha del rostro”. Es decir, un enrojecimiento en el sector del pómulo derecho.

Pese al carácter clínicamente leve de la lesión, la Fiscalía calificó jurídicamente los hechos como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Al hermano de la exconcejala se le atribuye participación como autor de un delito consumado y, además, el organismo persecutor sostuvo que concurriría una circunstancia agravante por ser el imputado reincidente en un delito de la misma especie.

Entre los antecedentes reunidos se cuentan el parte de Carabineros y sus anexos, las declaraciones de los funcionarios policiales y de la propia víctima, además del registro de atención de urgencia del Hospital de Graneros.

A partir de esos elementos, el Ministerio Público solicitó que Carlos Loiza sea condenado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, las costas del proceso y la medida especial contemplada en la Ley de Violencia Intrafamiliar: prohibición de acercarse a su hermana por el plazo de un año.

La audiencia de juicio oral simplificado por este proceso había sido fijada para el 17 de junio de este año. No obstante, el tribunal resolvió reprogramarla por una inconsistencia entre un acta e información contenida en el sistema de tramitación de causas del Poder Judicial. En efecto, quedó su realización prevista para el 27 de agosto a las 11:30 horas.

“Por decisión propia”

Ese grave conflicto familiar, sumado a su salida del Concejo Municipal de Graneros, habría llevado a Thae a radicarse en la región Metropolitana. Durante el último tiempo antes de su desaparición trabajó en una hamburguesería de La Florida y, como se señaló, pernoctaba en el departamento de una amiga en Ñuñoa.

En ese contexto, quienes siguieron de cerca la recopilación de antecedentes para elaborar el perfil de la exconcejala plantean que esos mismos factores también explicarían su falta de interés en regresar a la región de O’Higgins.

De hecho, cuando fue encontrada, se negó a acompañar a los detectives hasta un cuartel policial para prestar declaración. Informado de la situación, el fiscal a cargo instruyó que las diligencias se realizaran en el mismo lugar del hallazgo, en la intersección de Huérfanos con Bandera.

Fue ahí donde Loiza dejó en claro que no pretendía abandonar las calles ni retomar el contacto con su entorno. “Me encuentro en situación de calle por decisión propia”, señaló, antes de rechazar tanto un eventual traslado a un centro asistencial como cualquier comunicación con su familia.

“No quiero dar mayores detalles de la situación en la que me encuentro y no quiero contactar a mi familia”, agregó en su declaración.

La exconcejala también hizo presente a los policías que no existía ninguna orden judicial que permitiera trasladarla por la fuerza. “Como no tengo una orden de detención, no me pueden trasladar de manera obligada”, sostuvo, para luego insistir en su decisión: permanecer en situación de calle.

PDI explica caso

Consultado por este medio, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, explicó que la reconstrucción realizada por los detectives permitió establecer que la exconcejala abandonó voluntariamente el departamento de su amiga en Ñuñoa el 5 de agosto. Según detalló, salió bajo los efectos del alcohol y las drogas y caminó sola por las calles cercanas, sin que existieran antecedentes de la participación de terceros.

Para orientar la búsqueda, añadió el oficial, la PDI analizó las declaraciones de familiares y amistades, además de revisar cámaras de seguridad y otros antecedentes recopilados durante la investigación. Esas diligencias, señaló Reyes, permitieron “establecer una cronología de sus acciones al momento de la desaparición” y concentrar el trabajo policial en determinados sectores de Santiago Centro.

La investigación, complementó, se desarrolló en coordinación con la Brigada de Ubicación de Personas. A partir de distintos testimonios, los detectives establecieron que Loiza había sido vista durante los días posteriores a su desaparición en compañía de personas en situación de calle. Esos datos permitieron desplegar el 17 de agosto una búsqueda exhaustiva por el centro de la capital, que culminó con su hallazgo.

Respecto de las razones que explicarían su decisión, el jefe policial sostuvo que la exconcejala, “producto de la adicción a las drogas y el consumo de alcohol, no quería tener problemas con sus amistades ni familiares”. Por ello, añadió, “prefería vivir en la calle de forma libre, evitando dar explicaciones o tener conflicto con las demás personas”.