El municipio de Codegua descartó las acusaciones de corrupción y prevaricación administrativa en su contra y desvió la responsabilidad hacia un problema estructural mayor del Estado de Chile, luego de que se denunciara la construcción y entrega de viviendas sociales ya habitadas en zonas con riesgo de inundación de la comuna ubicada a 20 kilómetros de Rancagua.
Defendieron que la municipalidad es el “último eslabón de la cadena” en esta problemática, y que no le corresponde entregar las viviendas, en contraste con lo denunciado. Además, descartó que existiera una denuncia previa ante Contraloría o Fiscalía. También negó que el autódromo de la comuna se haya tramitado de forma irregular.
La alcaldesa de la comuna, Ana María Silva, aseguró y respaldó con cartas y registros de los últimos años que no se ha intentado manipular el plan regulador, y que de hecho se han buscado soluciones ante las instituciones del Gobierno para familias que se han visto perjudicadas por tener casas construidas en zonas que fueron más tarde consideradas zonas de riesgo.
Ante esto, cuestionó que se alarme a los vecinos y que el exfuncionario denunciante haya acusado las presuntas irregularidades tras ser desvinculado, y no durante su estancia en el cargo, ante su superior directo y negó que el municipio haya puesto en riesgo la integridad física o material de la población.
Asimismo, sostuvo que la materia ha sido también discutida en los consejos municipales junto a los concejales.
Adelantó por lo tanto que se están estudiando acciones legales en contra de los denunciantes, que incluyen a la arquitecta Cynthia Ross, el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, y la exconcejala de Codegua, Ester Sepúlveda. “No me cabe ninguna duda de que quieren levantar un caso político”, apuntó la alcaldesa.
Un problema mayor
En conversación con Radio Bío Bío, la alcaldesa defendió que desde 2013 han trabajado con gente a quienes se les entregó subsidios que no pudieron aplicar “o que construyeron la vivienda pero que no tienen ningún documento para habitarla y a veces no tienen ni luz”.
“El Estado de este país ha entregado subsidios irresponsablemente desde después del terremoto, hasta ahora sin el documento de zonificación de los lugares”, aseguró, agregando que situaciones similares se viven en otras comunas de la región.
“Codegua no es la única comuna donde pasan este tipo de problemas. Nosotros como municipio somos el último eslabón de la cadena respecto de la entrega de viviendas y de subsidios. No entregamos subsidios ni los beneficios del Estado” apuntó Silva, reconociendo que casos de ciudadanos con sus casas construidas en zonas de riesgo existen en Codegua, pero que como municipalidad están limitados en cuanto a las acciones que pueden tomar para remediar la compleja situación.
“Aquí la gente construye donde quiera, se les entregan subsidios donde quieran, la gente los aplica donde quieran y después le entregan al municipio una responsabilidad que no le compete”, criticó Silva, sugiriendo que la solución debería pasar por pedírsele a la municipalidad un informe previo antes de la aprobación de los beneficios.
Por lo tanto, “en este sentido hay dos problemáticas: la primera es que la persona empieza a construir y una vez que termina la vivienda viene la Dirección de Obras a pedir el permiso y se encuentra con una muralla que le dice que no le vamos a recepcionar la vivienda”, planteó, acusando que ante este obstáculos hay personas que han falsificado certificados de informes previos o de recepción definitiva para que se le pague el subsidio a la empresa pertinente.
Los antiguos residentes
Una de las problemáticas más complejas se da, indica, con las personas que ya tienen sus casas construidas desde hace décadas en sectores que fueron más adelante incluidos en las zonas de riesgo.
“Hay viviendas que están hace 50 o 100 años en una localidad, hasta que viene un instrumento público como un plan regulador y le graba a esta vivienda una zona de riesgo, por ejemplo”, explicó. “¿Qué alcalde le va a ir a demoler a esa persona su vivienda en la que vivieron sus abuelos, sus tíos, sus parientes y que fue heredada pero que además el Estado de Chile va y le graba una prohibición después de que está construida?”.
Aseguró, respecto del plan regulador comunal que fue otro punto criticado por los denunciantes, que éste se concluyó en 2018 tras pasar todos los requisitos estipulados en la ley, incluyendo etapas de participación ciudadana, la revisión de la Seremi de Vivienda, del Consejo Municipal, entre otras.
En cuanto a las acusaciones de que no tendrían estudio fundado, aseguró que es “absolutamente falso”, y apuntó que no ha conseguido que se le entreguen los estudios fundados del plan intercomunal. “Nosotros hemos ido a la dirección de obras hidráulicas, a la DGA de Santiago, yo vengo desde el 2013 haciendo gestiones, no solo yo sino también con los vecinos hemos ido a la seremi de vivienda, he andado en todos lados pidiendo que se me entregue copia del estudio que grabó estas zonas de riesgo”.
Los nuevos riesgos
Uno de los aludidos en la denuncia, el director municipal de obras, Cristobal Muñoz, defendió que como municipio están conscientes de que hay “amplias zonas de la comuna afectas a las zonas de riesgo tanto de inundación como de remoción en masa”, acotando que “como dirección de obras somos muy respetuosos y tenemos que ceñirnos a la normativa”.
“No podemos otorgar un permiso ni menos una recepción definitiva de obras de alguna edificación que se encuentre en esa zona y que no haya sido sometida a las exigencias particulares que se hacen a ese tipo de proyectos, como incorporar un estudio fundado de las medidas de mitigación a las que está expuesta esa edificación, no tan solo con viviendas”, sostuvo el funcionario.
En cuanto a esto último, especificó que hay otro tipo de edificaciones por las cuales se han entregado permisos exigiendo lo estipulado en el artículo 2.127 de la ordenanza general de organismos y construcciones, “que es que se incorpore un estudio fundado elaborado por un profesional especialista y aprobado por un organismo competente respecto del riesgo al que están expuestas esas edificaciones”.
“Las distintas entidades nacionales no han conversado sobre las amenazas de este riesgo, sumado al inicio de un proceso de cambio climático global”, que complicaría aún más el escenario, lamentó Muñoz, apuntando específicamente a las personas que ya viven en zonas con peligro inminente de inundaciones o deslizamientos.
