A subasta llegará el establecimiento educacional Antilén de Rengo, en la región de O’Higgins, luego de que no resolvieran cómo adscribirse a la Ley de Inclusión.

Increíblemente, el centro de padres y apoderados apoya la medida. “Lo único que nos importa es que el colegio continúe con la educación. El remate es una buena instancia para la continuidad de giro”, sostuvo Denisse Rojas, presidenta de la agrupación. Así lo consigna El Mercurio.

Por su parte, los profesores garantizan que se ha brindado una buena educación. “Pese a todos los problemas, el colegio tiene una buena trayectoria y resultados pedagógicos; acá el problema se generó por un tema administrativo”, señaló Carlos Garrido, jefe de la UTP del establecimiento.

El docente agregó que “el colegio está funcionando por su capital humano”, pues la comunidad sigue confiando en el proyecto educativo.

Discrepancias

El conflicto se generó a raíz de la Ley de Inclusión. Hace más de un año que los 13 socios de la Sociedad Educacional Antilén Ltda. mantienen diferencias respecto de la manera de adscribirse a la normativa.

Respecto de la subvención del Estado que reciben los colegios, éstos deben decidir si pasan a ser privados (y dejan los aportes) o se convierten en una institución sin fines de lucro.

“No se logró llegar a un buen término. Se pronunciaron varias fórmulas y nunca llegamos a un acuerdo entre nosotros”, afirmó Jorge Durán, el director de Antilén, y explicó que si bien varios socios se inclinaban por la segunda opción, no hubo consenso.

Además, otro motivo que generó el quiebre tiene que ver con la adjudicación, por parte de uno de los socios, del título de representante legal de la sociedad, sin someterse a votación o consultar con el directorio.

La subasta del colegio está fijada para el 3 de octubre a las 16:00 horas. En los anuncios en la prensa se hace alusión a un terreno de 4.300 metros cuadrados, con edificaciones de 2.600 m2, instalaciones y equipamiento. Explicita también que tiene 800 alumnos con matrícula 2018 “funcionando”.

Al respecto, el Ministerio de Educación sostuvo que del colegio sólo puede rematar el terreno, infraestructura y edificación. “No se puede liquidar la matrícula ni el reconocimiento oficial” (este último perdido tras no adaptarse a la mencionada ley).