La justicia deberá resolver si sobresee al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, justo en momentos en que está siendo investigado por presunta estafa y eventuales delitos tributarios en una nueva arista del caso Caval.

La fiscalía pidió más plazo para indagar estos hechos en una audiencia que se fijó para el próximo 15 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

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Presunta estafa y boletas falsas son los ilícitos que investiga el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, en la arista del caso Caval que presuntamente involucra Dávalos.

Se trata de la indagatoria que se abrió gracias a la querella por estafa que interpuso el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó cerca de mil millones de pesos a Caval por informes que habrían sido plagiados.

En el interrogatorio ante la fiscalía el 13 de abril de 2015, Dávalos reconoció que en el primer semestre de 2012 realizó labores paralelas para la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y para sociedad de la que es parte su esposa Natalia Compagnon.

En su declaración ante la fiscalía el pasado 29 de noviembre, el socio de Caval, Mauricio Valero, denunció que las glosas de las boletas emitidas por el hijo de la presidenta, por 10 millones de pesos, fueron determinadas como asesorías comunicacionales, por orden de Compagnon.

Para el abogado querellante en la causa, Mario Zumelzu, quien representa a parlamentarios de Chile Vamos en el caso Caval, queda de manifiesto el delito de boletas ideológicamente falsas.

La nueva investigación se da justo cuando la defensa del hijo de la presidenta solicita su sobreseimiento para quedar fuera del proceso, situación que se resolverá este martes en el juzgado de garantía de Rancagua.

Uno de sus abogados, Carlos Fierro, antes de que se conocieran los nuevos antecedentes, destacó que la fiscalía jamás intentó formalizar a Dávalos.

En tanto, este lunes se realizará la audiencia donde se someterá a un proceso abreviado al síndico Hermann Chadwick.

Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, el Consejo de Defensa del Estado se va a oponer a esta salida alternativa al juicio oral.

El fiscal, Sergio Moya, explicó que el ente fiscal pretende levantar una acusación por estafa contra el síndico, cuestión que el ministerio público descartó en su oportunidad.

Contra el síndico, la fiscalía pidió en la acusación una condena de cinco años y un día de presidio por el delito de otorgar ventajas indebidas, cuatro años por declaración de renta incompleta o falsa, y dos penas de 818 días por distintos delitos tributarios.