Hasta la Corte de Apelaciones llegó el conflicto entre las personas absueltas en el caso Chillán Viejo y el Juzgado de Garantía, cuyo juez Edgardo Pinto, negó dictar el “cúmplase” para que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público cancelen los casi 300 millones de pesos decretados por concepto de costas en el Tribunal Oral.

El magistrado estimó que los beneficiados con el pago deben presentar una demanda civil, lo que está siendo rechazado categóricamente por el abogado Rodrigo Vera, quien defendió a la empresaria Silvana Ríos, investigada y absuelta en el llamado caso Chillán Viejo.

“El juez suplente de garantía cree, el piensa, está convencido, que para cobrar las costas a un organismo público hay que iniciar un juicio ejecutivo, con embargo, con receptor judicial, como si se tratara de un banco embargándole a un particular”, sostuvo Vera.

Del mismo modo, aclaró que “ese procedimiento no se aplica tratando de organismos públicos”.

Tras ser notificado de la resolución, el abogado apeló a la Corte de Chillán, pidiendo que se revierta la decisión del juez Pinto y se ordene derechamente el pago del Consejo de Defensa y de la Fiscalía, tras haber sido ambos organismos derrotados en el juicio que incluyó como acusado al alcalde Felipe Aylwin.

El abogado Ricardo Robles, quien defendió al ex administrador municipal, Ulises Aedo, coincidió con Rodrigo Vera, subrayando en que está claramente señalado en la ley el procedimiento para el cobro de costas a un ente estatal.

Robles sostuvo que “el cumplimiento del pago de las costas está regulado ahí en el código de procedimiento civil. Es un pago administrativo. Se envía un oficio desde el Juzgado de Garantía, la sentencia estando cumplida, con las certificaciones correspondientes, al Ministerio de Justicia”.

“El Ministerio de Justicia da la orden a tesorería y le paga a la persona afectada. Ese es el procedimiento”, sostuvo.

Son casi 50 millones de pesos los que en conjunto deben cancelar el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público a cada uno de los ocho absueltos en el caso que investigó un fraude al Fisco al interior de la Municipalidad de Chillán Viejo.