Caso del juez de Quirihue: abogado contrató como chofer a cliente para rebajar suspensión

Una nueva arista se abrió en el caso del juez de Quirihue que será formalizado por prevaricación, al rebajar la suspensión de una licencia de manejar a un condenado. Y es que el beneficio fue otorgado al presentar el abogado defensor un contrato como empleador, a través del cual daba trabajo como chofer a su cliente.

Hasta ahora el único cuestionado en el caso de la rebaja de la suspensión de una licencia de manejar a un condenado es el juez de Quirihue, Fernando Tarbes, a quien la Fiscalía imputó la comisión del delito de prevaricación.

Se sabe también que el Ministerio Público abrió un sumario administrativo al fiscal Rodrigo Villarroel, por no haberse opuesto a la solicitud del abogado Alejandro Crisóstomo.

Sobre éste último, sin embargo, hasta ahora no se conocen reproches. No obstante, se conoció que para pedir a la justicia la devolución del permiso para conducir presentó un contrato a través del cual daba trabajo a su cliente como chofer.

Al respecto se pronunció la presidenta de la Asociación de Magistrados, Margarita Sanhueza, quien recordó que en Chile existe la libertad de contratación y que sólo un acuerdo por prestación de servicios podría ponerse en duda ante alguna evidencia concreta.

En esa misma línea se manifestó Fernando Saenger Gianoni, aunque admitiendo que lo que sí podría ocurrir, es que se pudiera objetar éticamente la actuación de un abogado si se comprueba que engañó al juez.

Considerando el caso de Víctor González Escalona, condenado por manejo en estado de ebriedad y a quien se entregó la licencia de manejar dos años antes del plazo de suspensión de 5 años, esa solicitud la hizo Alejandro Crisóstomo, como abogado, pero también al mismo tiempo como dueño de una empresa de camiones y maquinaria.

Consultado al respecto, pero refiriéndose en términos generales, el consejero del Colegio de Abogados de Chillán, Julio Díaz, expresó que la duda está en que como empresario contrató a una persona condenada y que sabía que tenía su permiso de conducir suspendido.

Sobre este complejo y delicado tema, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, no descartó hace unos días que otras personas, además del juez Tarbes, pudieran ser formalizadas en este caso, aunque sin precisar qué delitos estaban siendo también investigados por el Ministerio Público, además de la prevaricación.