Nuevos y particulares antecedentes están surgiendo respecto del caso que detonó la solicitud de la Fiscalía de Chillán de imputar a un juez por prevaricación, al haber beneficiado a un condenado al margen de lo que permite la ley.

Fue a partir de la solicitud del fiscal de Chillán, Sergio Pérez, que comenzaron a surgir antecedentes de un complejo caso que pone en tela de juicio nuevamente la confianza y la probidad no sólo respecto de un juez sino del Poder Judicial todo, ahora en la región de Ñuble.

Esto tiene que ver con la inminente formalización del magistrado Fernando Tarbes Pino, de Quirihue, a quien se imputará el delito de prevaricación al haber devuelto a un condenado la licencia de conducir, dos años antes de cumplir la suspensión de 5 años, que el mismo juez había decretado como sanción el 2015 por un manejo en estado de ebriedad.

Fue el 4 de julio del año pasado cuando se realizó en el Juzgado de Garantía la audiencia donde el abogado Alejandro Crisóstomo formuló la solicitud de devolución del documento para su cliente, Víctor González Escalona.

La petición se había realizado inicialmente el 13 de junio y en al menos dos ocasiones las audiencias fueron suspendidas. En una oportunidad a raíz de que el fiscal titular, Rodrigo Villarroel, no estaba presente, según argumentó el abogado Crisóstomo, no obstante haber asistido el subrogante del persecutor, Matías Arellano.

Finalmente la solicitud se formuló, entregando como argumentos el abogado Crisóstomo, además de un informe social, el contrato de trabajo con una empresa que hacía necesario que Víctor González pudiera manejar, según consta en el audio de la audiencia del 4 de julio.

Sin embargo, y de acuerdo al documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, no era una empresa la que había contratado a González Escalona sino el mismo Alejandro Crisóstomo, estableciendo un sueldo base de 276 mil pesos, precisión que no se hizo al juez Tarbes y que se ignora si estaba en conocimiento del fiscal Villarroel.

Lo que sí se sabe es que el fiscal titular de Quirihue no se opuso a la devolución de la licencia de manejar, de acuerdo a lo señalado al tribunal.

Después de analizar lo planteado por el abogado defensor y el Ministerio Público, el magistrado dio lugar a la solicitud, aunque subrayando en un principio su oposición, argumentando que no le consta en que el condenado esté rehabilitado respecto del delito por el cual fue condenado, esto es el manejo en estado de ebriedad, con 2,58 gramos de alcohol en la sangre.

Todos estos antecedentes seguramente serán ventilados en la audiencia de formalización del juez Tarbes, fijada para el 29 de agosto próximo, y a partir de la cual se iniciará la investigación contra el miembro del Poder Judicial.

Sin embargo, en esta causa la Fiscalía no podrá contar con el testimonio de Víctor González Escalona, de 31 años, quien falleció el 27 de enero pasado al chocar el vehículo que manejaba con un árbol en el camino entre Cobquecura y Quirihue.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)