Una nueva formalización de investigación se sumó esta semana en el marco de la investigación por el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo custodia del Estado en residencias o centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) o de alguno de sus organismos colaboradores.

En esta oportunidad se trata de un caso detectado en la ciudad de Chillán, región del Ñuble, que data de 2014, que nunca había sido investigado previamente, cuya víctima es una adolescente que no habría recibido la atención médica adecuada para el complejo cuadro de salud que padecía.

Los antecedentes se revelaron en una audiencia de formalización que se llevó a efecto este lunes 10 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Chillán.

En la oportunidad, el fiscal Patricio Poblete expuso que el 20 de enero de 2014, una adolescente de 17 años fue ingresada por resolución del Juzgado de Familia de Chillán a la Residencia Nuestra Señora de Fátima; centro de un organismo colaborador del Sename.

En horas de la tarde ese mismo día, la menor presentó una descompensación con mareos, a causa de una diabetes mellitus y a un cuadro de varicela que padecía, por lo que fue trasladada al Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) “Isabel Riquelme” de la ciudad de Chillán.

Sin embargo, a pesar del alto nivel de glicemia y a la varicela, el médico que la atendió la envió de vuelta al hogar, sin derivarla ni trasladarla a un recinto hospitalario de mayor complejidad para instaurar medidas terapéuticas, elevando el riesgo para la víctima.

A consecuencia de lo anterior, la joven volvió a la residencia y aproximadamente a las 02:40 horas del 21 de enero sufrió episodios de vómitos, fiebre, mareos y pérdida de consciencia, por lo que fue trasladada al hospital de Chillán, donde falleció horas más tarde por un shock séptico refractario, neumonía grave y varicela.

De esta forma, Fiscalía formalizó al médico que la atendió en el SAPU por cuasidelito de homicidio, considerando que habría un actuar imprudente del imputado en el desempeño de su profesión, al no haber derivado ni trasladado de manera inmediata y oportuna a la víctima a un centro de mayor complejidad, lo que habría generado que se agravara su estado de salud.

El formalizado quedó bajo la medida de arraigo nacional y se dieron 120 días de plazo para el desarrollo de las diligencias investigativas.