Tras más de 12 meses con licencia médica, un notario de Chillán reasumió el cargo pese a no hablar, no poder escribir y tener dificultades para caminar. No obstante recibir hace un año los antecedentes del caso recién este mes la Corte Suprema fue informada de la insólita situación.
Fue en junio de 2016 que a Luis Alvarez Díaz, de 61 años de edad, se le diagnosticó una rara alteración neurológica, enfermedad que lo tuvo alejado durante todo este tiempo de su notaría.
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Las secuelas sufridas van desde la pérdida del habla, a las dificultades en el movimiento de sus extremidades, según precisó su hija, María Carolina Álvarez.
A raíz del complejo estado de salud, el abogado fue reemplazado desde entonces por el notario suplente Héctor Olalde, nombramiento que se habría originado en una autorización falsa, entregada por otra hija a la Corte de Apelaciones de Chillán, Constanza Álvarez, además de la actual esposa del abogado, María Elena Espinoza.
Así lo denunció María Carolina Álvarez, quien entregó los antecedentes al tribunal de alzada y a la Fiscalía, al explicar que lo que hicieron su hermana y su madrastra fue instalar con un documento adulterado al abogado Olalde al frente de la notaría.
“Mi papá no la hizo”, dijo al ser consultada sobre la firma del documento. “Estaba en un estado mínimo de conciencia, que no le permitiría ni siquiera haber levantado un lápiz”, agregó.
Según el notario suplente, el antecedente que investiga la Fiscalía de Chillán es desconocido para él, precisando que hace unos días, en todo caso, Luis Álvarez reasumió sus funciones, al expresar que él no sería tan categórico para referirse al estado de salud del notario titular. “Tiene dificultades (para hablar), pero eso está en proceso de recuperación”, dijo.
Efectivamente, a partir de un informe del ministro visitador de la notaría, Claudio Arias, la Corte de Apelaciones de Chillán notificó hace dos semanas al máximo tribunal sobre este inédito caso, de manera que se evalúe una posible inhabilidad de Luis Álvarez a raíz de su enfermedad y los más de 180 días que como funcionario público estuvo ausente del cargo.
