Entre las acusaciones figura la no realización de clases a más de 300 alumnos; intervención en los registros de asistencia; impartición incompleta del Plan de Estudio a los estudiantes que asisten; y problemas para reunirse con la directiva del recinto educacional, entre otras.
El 14 de junio los docentes de la Escuela Bernardo O’Higgins dieron comienzo a un paro de “brazos caídos”, como consecuencia de las acciones adoptadas por la nueva dirección del establecimiento educacional.
Según los profesores y apoderados, implican vulneración de derechos fundamentales de algunos trabajadores, menoscabo respecto de otros y modificación unilateral de horarios y funciones para la mayoría. Esta situación, ha generado la detención del servicio educativo en el recinto.
Por lo anterior, el Centro General de Padres y Apoderados, y de las directivas de cada curso, presentaron ante la Superintendencia de Educación una denuncia contra el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para que se efectué la fiscalización correspondiente y un proceso sancionatorio.
Denuncia contra alcalde de Punta Arenas
En el documento presentado, los apoderados aseguran que más de 300 alumnos están sin asistir al establecimiento educacional, ya que no se están impartiendo clases.
Aseguran que “pese a lo anterior, los registros de asistencia del sistema no guardan relación con la asistencia real. Esta última circunstancia ya ha sido denunciada a esta institución, y por la gravedad que reviste la misma, nos adherimos al requerimiento de fiscalización ya ingresado”.
Así también señalaron que “se ha comunicado de lo anterior al alcalde, y desconocemos si ha dado cumplimiento a la obligación de denuncia”.
Asistencia a clases
Respecto a los alumnos que sí asisten a clases, el documento precisa que estos “no reciben los contenidos mínimos de los Planes de Estudio.
“Es más, ante la falta de docentes en el aula, se han fusionado hasta 3 cursos en una sala (sin cumplir protocolos sanitarios), quedando a cargo de asistentes de la educación, que son obligados a cumplir dicha función, fuera de su contrato y de la normativa legal”, se detalla en la denuncia.
A esto añadieron que se “están realizando evaluaciones sin que se cumpla con el porcentaje mínimo de asistencia, que para ello exige el Reglamento de Evaluación del establecimiento”.
Los apoderados de igual manera denuncian en el documento medidas “carentes de racionalidad y criterio”, tales como reducción de la jornada escolar sin autorización del Ministerio de Educación; la imposibilidad de realizar reuniones; y el impedimento a los apoderados de ingresar al establecimiento.
A esto se suma la negativa a entrevistas o audiencias, y el impedimento de que los estudiantes entren un minuto antes o después del inicio de la jornada escolar.
