Tras decretarse su expulsión por haber ingresado irregularmente a Chile, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso a favor de un exmilitar venezolano, quien llegó escapando de su país y se radicó en la región de Magallanes. De acuerdo a la defensa, el ciudadano extranjero no representa ninguna carga social para el Estado, ya que cuenta con el apoyo de su hermano, quien está regular y con visa definitiva en Chile.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de un exmilitar venezolano, por lo que se frenó la orden de expulsión que pesaba en su contra por haber ingresado de manera irregular a Chile.
Exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana, el recurrente huyó de Venezuela porque su vida habría estado en peligro. El recurso indica que pidió su baja por las irregularidades y abuso de poder, pero se la rechazaron y comenzó a ser intimidado.
“Lo amenazaron con matarlo a él y a su familia si no continuaba prestando los servicios para el Ejército de Venezuela”, precisa el documento presentado.
El ciudadano del país caribeño logró huir del país e ingresar Chile el 10 de septiembre del 2020, de manera irregular. Aunque fue controlado por la Policía de Investigaciones, continuó su viaje hacia Puerto Natales, donde vive su hermano.
En la provincia de Última Esperanza se desempeñó como albañil y carpintero. En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por el delito de ingreso clandestino, pero fue sobreseído definitivamente.
El recurrente llevaba más de un año radicado en la región de Magallanes cuando la antigua Intendencia de Arica y Parinacota decretó su expulsión del país.
Sus representantes legales interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para dejar sin efecto la medida. Alegaron que la orden de expulsión era ilegal, pues la justicia chilena lo había absuelto del ingreso clandestino.
También argumentaron el arraigo que tiene en la región. “Cuenta con una relación amorosa estable y el apoyo de su hermano, quien está regular y con visa definitiva en Chile. (…) Él no es ninguna carga social para el Estado”, afirmaron.
Los abogados de la Delegación Presidencial de Arica alegaron que ellos ejercieron según el mandato que les otorgaba la ley. “En este caso, se dispuso administrativamente la expulsión de una persona que ingresó a Chile vulnerando las normas existentes en materia de extranjería”, señalaron.
La Corte de Apelaciones se inclinó por la posición del amparado y dejó sin efecto la orden de expulsión. Fallaron que estas medidas exigen una argumentación mayor a la formal.
Además, se tuvieron en cuenta las circunstancias en que el recurrente huyó de su país y el arraigo que tiene con Magallanes.
