Este domingo, se registraron dos nuevos procedimientos en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, luego que se informara sobre artefactos sospechosos al interior del recinto.
En el primero de ellos, un pasajero que viajaba desde Puerto Montt, en la región de Los Lagos, señaló que tenía una bomba en su maleta. Esta situación movilizó rápidamente a Carabineros, quienes llegaron al lugar para verificar la presencia del objeto y evacuar a quienes se encontraban en el terminal aéreo.
Sin embargo, tras someter al equipaje a una revisión de rayos X, se descartó la presencia de algún explosivo. Producto de este hecho, la persona fue detenida por los funcionarios policiales.
En un segundo episodio, el aeropuerto ser evacuado nuevamente, ya que una caja sospechosa activó los protocolos respectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).
Luego de revisar el equipaje, se dio cuenta que se trataba de una encomienda olvidada que contenía videojuegos.
Tres episodios en menos de una semana
Este jueves, una persona proveniente de Iquique también realizó un falso aviso de bomba al interior del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, por lo que fue detenido y formalizado.
Al inicio de la audiencia, se procedió a controlar la detención del imputado, donde la fiscal Romina Moscoso explicó cómo habría ocurrido la captura del sujeto.
“La tarde del jueves, en dependencias del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, mientras se encontraba con los funcionarios de la Aerolínea JetsMart, como pasajero del vuelo, para su respectivo chek in. Al ser consultado por el funcionario de la aerolínea, si llevaba un objeto prohibido, para asegurar el servicio de los pasajeros, señaló que llevaba una bomba, activándose el protocolo, siendo descartado ello por los especialistas”, señaló la persecutora.
Moscoso solicitó que el imputado quede con medidas cautelares de arraigo regional, a lo que la defensa se opuso, considerando que vive en el norte del país y “sería abusivo dejarlo en Magallanes”.
El abogado solicitó que se deje una medida cautelar de firma mensual, ante la Primera Comisaría de Iquique, donde tiene su domicilio.
El tribunal consultó a la Fiscalía si aceptaría las medidas cautelares precisadas por la defensa y, finalmente, se aceptó. Asimismo, se decretó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.