El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aplicó la medida cautelar de prisión preventiva a Freddy Ulloa Martínez, acusado de apuñalar a un hombre en plena vía pública.
La agresión habría ocurrido en el frontis de un albergue en calle José Miguel Carrera, cuando el imputado se acercó a solicitar un cupo. En aquel instante, el monitor del recinto le informó que no quedaban plazas vacantes.
Según el parte policial, Ulloa Martínez insultó al profesional, momento en que intervino un tercer hombre que frecuentaba el albergue. “No le faltes el respeto al monitor”, le habría dicho, según la declaración de un testigo.
Presuntamente, el imputado sacó un cuchillo de sus vestimentas y le habría provocado una herida en el pecho a este último sujeto, quien no pudo defenderse porque tenía la mano enyesada.
Carabineros llegó al lugar y detuvo al hombre, mientras que el SAMU trasladó de urgencia al herido hasta el Hospital Regional de Magallanes. Aunque el acusado señaló que no recordaba cómo ocurrieron los hechos, reconoció que el arma —que fue encontrada en un basurero cercano— era de su propiedad.
El Ministerio Público comenzó la investigación por homicidio frustrado. “Las lesiones fueron necesariamente mortales de no mediar tratamiento médico y quirúrgico oportuno, haciendo presente que la víctima se encuentra hospitalizada y en observación”, sostuvo el fiscal Manuel Soto.
La Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que el imputado tiene antecedentes por robo y lesiones graves. Además, agregaron que estaba condenado por un delito de abuso sexual hasta el 2022, pero pudo salir anticipadamente de la cárcel en marzo pasado.
La defensa se opuso a que Ulloa Martínez fuese enviado a la cárcel, pues no reconocían una intención de causar la muerte a la víctima. Sin embargo, el tribunal impuso la prisión preventiva. “Dentro de todas las hipótesis que establece el legislador, está particularmente acreditado el peligro para la sociedad y que exista peligro de fuga”, manifestó el juez Cristián Armijo.
El tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses y la Fiscalía ya se encuentran analizando las cámaras de vigilancia del Servicio Médico Legal (SML), establecimiento cercano al lugar de los hechos.
