La Contraloría General de la República —a través del dictamen N° 8913N20— dio curso a los documentos que otorgan concesiones de acuicultura en la Reserva Nacional Kawésqar, anteriormente conocido como Reserva Nacional Alacalufes hasta 2019, cuando se fusionó con zonas donadas por Tompkins Conservation y terrenos fiscales para crear el nuevo parque y reserva Kawésqar, el segundo más grande en Chile.
La determinación fue adoptada respecto de lo que señala el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que permite el desarrollo de la actividad de acuicultura en reservas nacionales, según consignó El Pingüino.
Se debe aclarar que para concretar dicho proceder, las labores de acuicultura que allí se vayan a desarrollar deben estar alineadas con el dictamen N° 83.278 de 2016, que señala que el desarrollo de dicha actividad en zonas marítimas, que forman parte de reservas nacionales y forestales, deben resultar compatibles con los fines ambientales de dichos espacios.
En ese sentido, para tales casos se debe tener en consideración lo establecido en los cuerpos normativos que regulan aquellas reservas, en el acto administrativo que las crea y en el respectivo plan de manejo.
Por lo anterior, se estableció que las referidas concesiones deberán adecuarse en sus condiciones de funcionamiento y operación al plan de manejo que se dicte, el que contendrá las acciones concretas para hacer efectiva la protección y conservación del área.
Las concesiones
En su dictamen, la Contraloría estableció que esta actividad “se realizaría en las zonas marítimas que forman parte de estas áreas y que únicamente su desarrollo puede ser autorizado en la medida que dichas iniciativas sean compatibles con los objetivos de conservación y protección ambiental en el área”.
Al respecto se refirió el seremi de Medio Ambiente de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eduardo Schiappacasse, quien aseguró que el área actualmente está bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad que está liderando el desarrollo del plan de manejo de dicha reserva por medio de un proceso participativo.
En ese sentido, el seremi señaló que después de la creación de la reserva nacional propiamente tal, ya se han presentado a evaluación de impacto ambiental algunos proyectos acuícolas, los que han sido admitidos a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) bajo la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental y que en la actualidad se encuentran en proceso de evaluación para su posterior operatividad en el lugar.
“Aún no existe ninguna definición respecto de la viabilidad ambiental de estos proyectos ya que todos ellos se encuentran en fase de evaluación, por lo que son revisados por los organismos públicos competentes, entre los que se encuentra Conaf, conforme a sus áreas de responsabilidad y emiten su pronunciamiento”, sostuvo por medio de un comunicado.
Cabe señalar que a mediados de diciembre del año 2019, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección interpuesto en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, acción que buscaba impedir la admisibilidad de proyectos acuícolas en el sitio por carecer éste del respectivo plan de manejo y los objetos de conservación definidos para dicha área protegida.
Posteriormente, el 5 mayo de este año, la Corte Suprema ratificó el fallo del máximo tribunal magallánico.
El caso de Nova Austral
En este sentido, el director regional de Conaf, Mauricio Véjar, explicó que “esto quiere decir que no es necesario tener aún el plan de manejo por parte de Conaf para esa área protegida, y no impide que los proyectos sean sometidos a evaluación de impacto ambiental o al sistema. Acá los organismos con competencia ambiental, donde el SEA es el que coordina, son los que tienen que exigir las condiciones para los proyectos que están en evaluación en estos momentos”.
Consultado respecto a si este tipo de actividades pudiesen detonar en algo similar con lo que sucedió con la empresa Nova Austral en 2019, donde se reveló que adulteraron con maquinaria pesada el fondo marino para esconder la condición anaeróbica del mismo y así volver a sembrar salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados, Véjar aclaró que los proyectos y a quienes se les otorguen concesiones “deben tener los mayores estándares de seguridad para poder operar y ser una actividad amigable con el medioambiente por lo que todas las sanciones que determinen las instancias respectivas, tienen que aplicarse con el máximo rigor, eso no se discute”.
“Aún no existe ninguna definición respecto de la viabilidad ambiental de estos proyectos ya que todos ellos se encuentran en fase de evaluación”, precisó el seremi.
