Veintiocho psicopedagogos de Punta Arenas decidieron llevar sus demandas hasta los tribunales de Justicia, por lo que presentaron una tutela laboral por vulneración de derechos en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).

La acción judicial fue presentada por el abogado Pedro Venegas Villavicencio, de la oficina Silva & Venegas. La demandada, en tanto, tiene como representante legal a Segundo Álvarez Sánchez.

Los denunciantes son todos trabajadores de la denunciada, contratados en calidad de psicopedagogos, ejerciendo labores en distintos establecimientos educacionales pertenecientes de la Cormupa.

El recurso se presentó acusando incumplimientos permanentes de los derechos laborales, en especial en el pago oportuno y eficaz de las cotizaciones de seguridad social, AFP, Fonasa e Isapre, y AFC CHILE S.A.; lo que les ha provocado problemas en obtener créditos de consumo e hipotecarios, toda vez que no cumplen con el perfil del banco en tener las cotizaciones previsionales pagadas o por tener lagunas de cotizaciones.

Dentro de los 28 demandantes esta Sara Reyes Cossio, directora nacional del Colegio de Psicopedagogos, quien señaló que la Cormupa “no ha tomado contacto con nuestro sindicato y nuestro abogado, por lo cual no hemos llegado a ninguna conciliación, decidiendo tomar estas acciones legales.

“Nuestro empleador ha llevado muy mal el tema, y vimos que era demasiado y decidimos presentar esta acción legal para que responda. Esto se arrastra desde el 2015, ahí no nos querían hacer el contrato y al interponer una demanda el 2017 se vieron obligados a reconocer que somos asistentes y no nos han hecho contrato y nos no reconocen los años. Han cuestionado nuestro accionar en lo profesional, por lo tanto buscamos que ellos respondan como empleadores, y muchos han debido soportar malas prácticas laborales”, agregó.

La demanda en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas pide que se condene a la denunciada al pago de una indemnización por daño moral por la suma de $20 millones por cada uno de los demandantes, además que se condene a la denunciada al pago de una multa equivalente a 100 UTM.

También solicitan que se reconozca y se establezca la misma remuneración entre otros profesionales de la educación como psicólogos y fonoaudiólogos.