El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) presentó una querella el pasado viernes contra el exejecutivo Gerardo Menéndez Torres y todos quienes resulten responsables en el caso de las estafas y apropiaciones indebidas que alcanza a afectar a 50 clientes de la entidad financiera.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas el pasado 1 de septiembre recibió la querella que da constancia de los intentos del BCI para dar con la responsabilidad del caso que hasta la fecha afecta al menos a 50 clientes.
En el documento, el banco hace un repaso por los procesos de revisión interna y que sumado al testimonio de los clientes afectados, se pudo comprobar la autoría del delito al exejecutivo que había sido alejado de la empresa en febrero pasado.
El gerente de inversiones del banco, Gilbert Anderson, explica que el modo de operar del ex ejecutivo sería “en función de la antigüedad que tenía y la confianza con los clientes, por lo que conversamos con ellos y al momento de cerrar cada caso, manifestaban la manera como operaban con él y el exceso de confianza que tiene uno cuando se relaciona con un ejecutivo”.
La acción presentada por el abogado Paul McDonnell Huerta, denuncia que Menéndez habría abusado de la confianza de sus clientes mientras desempeñaba labores en la colocación de productos propios del banco, como también gestionando diversos fondos mutuos y portafolios de acciones de cotización bursátil ofrecidos por las sociedades filiales del BCI y no descarta que pudiesen encontrarse otros casos en el marco de la investigación que sostienen.
De acuerdo a los antecedentes aportados por la indagación interna de la entidad afectada, las estafas y apropiaciones indebidas se habrían extendido entre 2010 y 2015, efectuando rescates y liquidaciones de inversiones, las que no habrían sido autorizadas por los titulares de cuentas, logrando así obtener, con documentos falsificados, la autorización de la filial para la emisión de un vale vista nominativo a nombre de los clientes, documentos que, a pesar de figurar pagados en los registros contables, presentaban ausencia de la firma de cancelación del titular; la firma de cancelación que era diferente a la legítima y real del beneficiario del documento, con lo que se materializaba la entrega de dineros al querellado. Según indica La Prensa Austral.
Asumiendo responsabilidad
Como una diligencia que pueda atender la demandas de los clientes, la entidad ha tenido que pagar “con cargo a su patrimonio, a los clientes afectados la suma global en pesos de $865.775.991, más US$22.345,567 dólares norteamericanos (sic), producto de las sucesivas infidelidades cometidas por el querellado tanto en el proceso de administración de los fondos mutuos y de las acciones como a la hora de liquidar y rescatar esas inversiones”, según detalla el escrito.
La querella fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía, proceso que se suma a la querella que ya está investigando la Fiscalía, desde donde se emitió la orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.
