Comunidades mapuches de Río Bueno, región de Los Ríos, responsabilizaron a la machi Millaray Huichalaf por la tragedia que terminó con la muerte de dos personas que fueron arrastradas por el río Pilmaiquén en una ceremonia de sanación mapuche.
Además, la catalogan como una “afuerina” y no la reconocen como autoridad ancestral, exigiendo su salida del territorio.
La molestia de las comunidades mapuches de los sectores de Maihue, El Roble y Mantilhue se remonta desde que Millaray Huichalaf llegó al territorio hace más de una década, cuyo arribo generó un cambio en la vida cotidiana de los habitantes.
El presidente de la Asociación Lepunera Señor Kintuante, Víctor Catalán, aseguró que desde la llegada de Huichalaf comenzaron a producirse actos de “vandalismo”, como cortes de camino o disparos que se escuchan en el sector durante la noche.
Según Catalán, por este motivo es que las comunidades no reconocen a Millaray Huichalaf como machi y exigen que se retire del territorio.
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A su vez, el dirigente agregó que Huichalaf con un grupo de adherentes ocuparon ilegalmente un predio que pertenece a la Asociación Lepunera Señor Kintuante Maihue, catalogándola como “afuerina”, ya que nunca ha pertenecido a las comunidades indígenas del sector ni ha participado en los rituales ancestrales. Junto a eso, la acusan de talar un árbol que, según afirman, es sagrado.
Además, responsabilizan a Millaray Huichalaf por liderar la ceremonia de sanación mapuche que terminó con la muerte de una adolescente y un adulto, quienes fueron arrastrados por el río Pilmaiquén durante el ritual, asegurando que esto fue un “accidente premeditado”.
Hasta el momento no se ha podido tener una vocería de Huichalaf, quien tenía programado un viaje al extranjero para exponer sobre temas medioambientales por su reconocido rechazo a proyectos hidroeléctricos en la zona.
Cabe recordar que en 2014, Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de cárcel por encubrir el atentado en el fundo Pisu Pisué en Río Bueno y en agosto de este año fue allanada su vivienda en medio de una investigación por una usurpación violenta que afectó a la empresa Statkraft, que construye una central hidroeléctrica entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.