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El Gobierno en la región de Los Ríos expresó su pesar por el rechazo de Saesa al Procedimiento Voluntario Colectivo para compensar a clientes afectados por el retraso en la reposición del servicio tras los cortes del temporal. Mientras la compañía argumenta que sus compensaciones son más rápidas y generosas que las legales, el Gobierno anuncia que el Sernac buscará justicia para los perjudicados. La Asociación de Consumidores Los Ríos critica la legislación que permite abusos de las empresas hacia los usuarios, señalando la urgencia de reformar las leyes que regulan a las compañías proveedoras de servicios básicos.
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El Gobierno en la región de Los Ríos lamentó el rechazo de Saesa al procedimiento voluntario colectivo para compensar a clientes por la demora en la reposición del servicio tras los cortes del pasado temporal, afirmando que seguirán trabajando con la compañía.
Para la Asociación de Consumidores Los Ríos, la legislación e institucionalidad permiten el abuso de las empresas a los usuarios.
Un portazo recibió el Gobierno por parte del Grupo Saesa, al ser la única empresa eléctrica en la región de Los Ríos a la cual el Servicio Nacional del Consumidor les cursó una invitación para participar del Procedimiento Voluntario Colectivo y así compensar de manera oportuna y justa a los clientes que en algunos casos estuvieron casi dos semanas sin suministro.
Para Saesa, con sus mecanismos aceptados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, están logrando compensaciones más expeditas y superiores a las legales, considerando innecesario iniciar el procedimiento propuesto por el Gobierno.
Gobierno lamenta decisión de empresa
El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, dijo que ahora el Sernac buscará por la justicia que la empresa responda a los clientes perjudicados, lamentando el rechazo expresado por la compañía.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Consumidores Los Ríos, Eduardo Ramírez, dijo que no le sorprende el actuar de la compañía, deslizando críticas a las actuales leyes y a la institucionalidad vigente.
El Procedimiento Voluntario Colectivo, según el dirigente, incluso provocó que quedaran bloqueadas las demandas colectivas de municipios y de asociaciones de consumidores, que estaban decididas a realizarse cuando ya era insostenible el que las comunidades siguieran sin suministro y sin respuesta.
Afirmó que es urgente una reforma a la ley que regula a las empresas que -dijo- lucran con los servicios básicos, en la que haya prioridad en los derechos de consumidores y usuarios, y se eliminen los incentivos al abuso -afirmó- por parte de los proveedores.
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