El Juzgado de Garantía de Valdivia tramita una querella criminal presentada por el municipio de la comuna, contra quienes resulten responsables por eventuales delitos contra la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que pudieran estar cometiendo empresas inmobiliarias en la costa de la valdiviana, cuyas obras fueron paralizas en 2021 por la Municipalidad.
Con esta acción, el municipio se suma a la presentada por el Consejo de Defensa del Estado en 2020, por los mismos delitos, respecto de cuatro proyectos inmobiliarios emplazados en la zona costera, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo detectara -entre otras cosas- que no contaban con un informe favorable para construcción.
Según el libelo, los certificados otorgados a los proponentes por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de acuerdo a las normas sobre División de Predios Rústicos, que no autoriza a realizar construcciones.
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valdivia, Natalia Tapia, afirmó que con esta acción buscan perseguir posibles responsabilidades penales.
“Con los antecedentes (…) se pueden evidenciar posibles acciones con características delictivas”, indicó la asesora.
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La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, afirmó que la querella ya fue declarada admisible, afirmando que las parcelaciones, de haberlas, deben ceñirse a la normativa.
“Insistimos, no estamos en contra de las parcelaciones, pero reiteramos que estas deben ser realizadas con las normas respectivas”
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Dentro de las diligencias, el municipio pidió una orden amplia de investigar a la PDI y que los representantes de las inmobiliarias involucradas declaren.
Además, que la fiscalía solicite un informe sobre las escrituras de compraventa celebradas por dichas empresas, haciendo presente la casa edilicia el deber que tienen en esta materia notarias y conservadores de bienes raíces.