Apoderados acompañados del diputado Iván Flores, llegaron hasta Contraloría para aportar mayores antecedentes por el caso del Instituto Técnico Profesional de Llifen en Futrono en la región de Los Ríos, donde 16 estudiantes resultaron afectados tras ingresara la carrera de Hotelería, la que no estaba acreditada.

La Contraloría recibió más antecedentes por el caso del Instituto Técnico Profesional de Llifen, en Futrono -región de Los Ríos- en donde se impartió una carrera sin estar acreditada, afectando a 16 estudiantes, caso por el que además hay una investigación penal en curso.

Representantes de apoderados de 4º medio y egresados del año pasado de dicho establecimiento educacional de la carrera de Hotelería, llegaron hasta la Contraloría Regional de Valdivia.

El grupo llegó acompañado por el diputado Iván Flores, con el fin de aportar mayores antecedentes a la indagación administrativa por este caso que quedó develado en diciembre del año pasado.

Una de las voceras, Priscila Gonzáles, aseguró que a fines de 2020 se percataron que en el papel salían egresados del Liceo Técnico de Valdivia sin nunca haber asistido; con notas y certificados modificados. Por eso ahora piden justicia.

“Estamos acá haciendo llegar más documentación para que se investigue más a fondo (…) Ellos salen de este liceo egresados en sus documentos, pero ellos jamás asistieron ni dieron exámenes de validación de estudios ni vinieron a dar pruebas, entonces cómo los validaron”, cuestionó.

Según el diputado Flores, acá hay familias afectadas y responsables que deben responder.

“Por qué el municipio, bajo qué autorización, gastó plata para implementar una carrera que no estaba acreditada. Por qué la Seremi de Educación certifica algo que nunca ocurrió”, argumentó.

Según el alcalde de Futrono, Claudio Lavado, estos apoderados dejaron la mesa de trabajo, a la que sí permanecieron los estudiantes de 3º medio y con quienes llegaron a un acuerdo reparatorio.

“Como municipio no nos corresponde referirnos, dado que la familia de estos 16 jóvenes determinó dar fin a la mesa de trabajo establecida, pese a que se regularizó su situación educacional”, señaló.

Sin embargo, para la presidenta de los apoderados de 4º medio, Bernardita Paredes, es doloroso ver ahora cómo algunos de sus hijos, al no tener su certificado, trabajan en la construcción o cuidan niños.

“Está ganando como $10 mil pesos diarios porque más allá no va a poder. Con un título uno puede obtener un poquito más de ganancia para su vida laboral, pero ellos no”, aseguró.

En tanto, avanza una querella contra quienes resulten responsables por el delito de estafa, esperando el abogado patrocinante, Mauricio Obreque, que la Fiscalía formalice la investigación.

Mientras que La Radio espera un pronunciamiento de la Fiscalía, no se descarta que además de las cuerdas administrativas y penales se exploren otras alternativas de reparación para estas familias y estudiantes que estudiaron una carrera, que en la práctica, no existía.