La Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario en la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Los Ríos, tras una denuncia de comunidades mapuches que acusaban ilegalidad en la participación de efectivos del Ejército en la Consulta Indígena realizada en Valdivia.
Se trata del pronunciamiento en relación al proceso del 6 de junio, que originalmente se realizaría en el inmueble de la Sociedad de Socorros Mutuos La Fraternidad, pero ante el rechazo mayoritario de los comuneros finalmente se efectuó minutos más tarde en un hotel cercano, y con la asistencia de 12 personas, entre ellas 10 uniformados.
En un informe de Contraloría, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se indica que se levantó un acta por la actividad realizada en dicho hotel, con los formatos, textos y logos del documento oficial del proceso de consulta, lo que de acuerdo a la respuesta del seremi de Desarrollo Social y Familia al organismo de control, Carlos Rolack, fue un error del personal a cargo.
Lo anterior fue calificado como una observación compleja por parte de Contraloría, afirmando que dicha acta podría utilizarse para validar la fallida reunión oficial, situación que podría haberse repetido en otras cuatro instancias según el ente contralor.
Lo anterior contrasta con las declaraciones entregadas a La Radio por la autoridad minutos previos a que se accediera al texto, manifestando que desde este miércoles tienen 30 días para responder, afirmando Rolack que el proceso se realizó de buena forma.
Respecto de la participación de los 10 conscriptos, Contraloría desestima que ésta haya sido ilegal, pero cuestiona que no sean parte de instituciones representativas de Pueblos Indígenas.
Sobre ello, otra observación calificada como compleja por el ente contralor fue que los funcionarios del Ejército hayan asistido sin conocer el contenido de la actividad, en vehículos particulares desconocidos, se devolvieron caminando por su propios medios, sin que se considerarán las consecuencias y riesgos para el personal.
Además en el texto queda expuesto que habría sido una persona que fue funcionario del municipio de Valdivia y hermano del comandante Carlos Álvarez, quien propició y ayudó al traslado de los conscriptos, funcionario de quien se informó por parte de la casa edilicia, renunció el día 30 del mismo mes de la actividad.
La Contraloría, que además cuestionó el gasto adicional por el arriendo de un salón del mencionado hotel por 95 mil pesos por dos horas, ordenó instruir a la Seremi de Desarrollo Social un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos observados.
La Radio se comunicó con el municipio para conocer el grado de participación de la casa edilicia en el proceso y también con la Tercera División Montaña, pero ambas instituciones no se han pronunciado.
