El Observatorio Ciudadano endosó al Estado el conflicto entre comunidades que suscribieron y luego rechazaron el acuerdo con Celulosa Arauco por el proyecto de Pulpa Textil en la región de Los Ríos.
Lo anterior, luego que ellos representaran judicialmente a cinco comunidades mapuche de Mariquina para que la Corte Suprema ordenara revocar la aprobación ambiental del proyecto, se genere un Estudio de Impacto Ambiental y una consulta indígena.
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Pero también apoyó la decisión de las comunidades que acordaron con la empresa un plan de trabajo, con el compromiso de desistir en la acción en el máximo tribunal.
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Ante la lluvia de críticas, el Observatorio Ciudadano validó que aquello era un camino viable, ante la posibilidad de tener un fallo desfavorable y, por el contrario, una reparación de sus derechos vulnerados, principalmente por el Estado, según el dirigente José Araya.
El representante del organismo, que evitó hacer alguna autocrítica por el posible escenario al que se expusieron sus representados, dijo rechazar los cuestionamientos y descalificación pública que organizaciones, algunas de las cuales han apoyado legal y socialmente por años, han hecho de la actuación del ente en este caso, sin contar -según dijo- con información suficiente respecto a sus alcances.
