Dos municipios y una Corporación de Educación en la región de Los Lagos mantienen una alta deuda previsional: en total acumulan más de 6 mil 339 millones de pesos impagos.

Autoridades comunales piden al Estado revisar subvenciones escolares por concepto de matrículas y no de asistencia.

La información surge a raíz de un reportaje publicado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que reveló la deuda previsional al 31 de marzo de 2021, según los registros de la Superintendencia de Pensiones.

En la región de Los Lagos aparecen los municipios de San Juan de la Costa con 53 períodos adeudados que asciende a 712 millones 626 mil 022 pesos; y San Pablo con 22 periodos y una deuda de 127 millones 790 mil 271 pesos.

Entre las Corporaciones en tanto, aparece la de Educación Municipal de Ancud, con 52 periodos adeudados, que deja una deuda de 5 mil 499 millones 306 mil 940 pesos.

Y, ¿cuál es la razón detrás de las moras de pago de cotizaciones previsionales, que por derecho requieren los trabajadores?

Radio Bío Bío de Osorno le preguntó a las máximas autoridades comunales. En el caso de la comuna de San Juan de la Costa, su alcalde Bernardo Candia, alude a una deuda de arrastre previo a asumir, y donde asegura han buscado paliar el millonario monto.

Respecto a la situación de la Corporación de Educación Municipal de Ancud, la que expone la cifra más alta de deuda en la región de Los Lagos, desde junio del año 2015 y su periodo más reciente de cotizaciones impagas corresponde a febrero de éste año, el secretario general de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor de Ancud, Jorge Uribe, aseguró que se trata de una deuda de arrastre, donde han intentado paliar el déficit, pero que se debe a “un problema estructural”.

Razón compartida por el alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, quien asegura mantienen gestiones para regularizar la deuda, mientras que llamó al Ministerio de Educación a cambiar la forma de evaluación para entregar subvenciones.

Las autoridades comunales concuerdan en que es prioritario -más allá del deber de los municipios- y como una obligación del Estado, revisar los modos y formas en que se apoyan las subvenciones municipales, sobre todo en zonas con alta tasa de ruralidad y donde prevén que será difícil llegar a corto plazo al 100% del pago atrasado.