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Representantes de víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura en la región de Los Lagos, apoyan la idea de indultar a los detenidos durante el estallido social.
Las declaraciones nacen en medio del debate que se ha desatado tras la idea de legislar un indulto a los imputados o condenados por delitos cometidos desde el 18 de octubre en el marco de “la revuelta”.
Previo a que se concreten los avances legislativos, el Presidente Sebastián Piñera ya adelantó la posibilidad de vetar constitucionalmente el tema, generando opiniones divididas en el mundo político.
Sin embargo, varias agrupaciones apoyan la iniciativa, así es el caso de Alfredo Árgel, vocero de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, quien dijo que tienen un deber moral por defender a los denominados “presos del estallido”.
Ramón Zambrano, presidente de la agrupación de presos políticos Salvador Allende de Puerto Montt, sobreviviente de la dictadura, argumentó sobre la necesidad, desde su punto de vista, legítima del indulto para los detenidos durante las protestas que se iniciaron en octubre del 2019.
La norma tiene que ser aprobada por dos tercios del senado, lo que vislumbra un futuro incierto para la iniciativa que en términos de beneficios no tiene mucho alcance, según lo explicado por el jefe en Chile de la defensoría.
El abogado explicó, a un medio de circulación nacional, que desde el 18 de octubre el 31 de diciembre se generaron 16.600 causas relacionadas al estallido, como desórdenes, agresiones a la policía o daños.
De ese total, mil 360 quedaron en prisión preventiva, manteniéndose aún en esa condición 68 detenidos. De ellos, 18 quedaron privados de libertad por causas anteriores y de los 50 restantes sólo 3 tienen como motivación una protesta inicialmente, por ende ellos serían los únicos beneficiados, expresó Andres Mahnke.
