La necesidad o la mala situación económica podrían generar actos de corrupción según señalaron desde el Consejo de Defensa del Estado por el caso de los gendarmes condenados que facilitaban la venta de drogas y celulares en la cárcel de Puerto Montt.
Se trata 12 personas que llegaron a juicio, siendo 11 los condenados por tráfico de drogas, soborno y cohecho. En éste último caso la sentencia es contra los gendarmes Luis Morales y Jonathan Sánchez los que recibieron dinero a cambio de permitir la comercialización de elementos prohibidos, junto con ser parte de la misma cadena.
La cercanía entre internos y custodios fue lo que llevó a que se iniciara el negocio de quienes ahora cumplen condenas que van desde los 541 días de presidio menor en su grado medio hasta los 3 años y un día en el caso de los culpables por tráfico, junto con el pago de multas de 10 UTM.
Son 818 de días de presidio menor en su grado medio, además de la entrega del doble del dinero obtenido con el negocio y la prohibición de ejercer cargos públicos, parte de la condena que deben cumplir los uniformados.
Rodrigo Tejo, abogado del Consejo de Defensa del Estado, dijo que la necesidad o la mala situación económica puede ser uno de los iniciadores de los actos corruptos.
“La necesidad o las malas situaciones económicas, los problemas que puedan arrastrar cada persona, a lo mejor puede generar la tentación de obtener beneficios extras a los ingresos que pueda tener un funcionario público. Eso no justifica que por ello se puedan cometer delitos”, sostuvo.
Pablo Sanhueza, abogado de Jorge Zamora, culpable de microtráfico de droga y que está cumpliendo su castigo con el beneficio de reclusión nocturna, dijo que recurrieron de nulidad por que la Fiscalía no pudo probar la pureza de la sustancia incautada.
“Presentamos un recurso de nulidad con la finalidad de que la excelentísima Corte Suprema pueda revisar este recurso y acogiéndolo pueda establecer nuestra tesis y en definitiva poder absolver a esta persona por falta de uno de los incumplimientos que realizó el Ministerio Público en su labor probatoria”, aseguró.
Antecedente importante a la hora de conocer este caso es que el gendarme a cargo del módulo donde se fragua la comisión de los delitos y llevaba años en ese lugar, generándose un claro vicio en las relaciones, entre guardias y presos.
Además, las sumas en dinero para permitir la venta de estupefacientes o ingresar celulares permitieron ganancias superiores a los 3 millones en el primer caso y cercanas a los 8 millones de pesos en el segundo.
