En calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos es imputado el alcalde de Río Negro en la región de Los Lagos, Carlos Schwalm Urzúa, por un pago irregular realizado a su exjefe de gabinete en su primer periodo electoral en 2012.

Acompañado de su círculo cercano llegó hasta el Tribunal de Osorno el alcalde tras no aceptara ir a un juicio abreviado.

El pago de cerca de seis millones de pesos -que se realizó en dos cuotas- fue destinado a una plataforma web ciudadana que su exasesor nunca ejecutó, quien además no contaba con conocimientos en el área y por el que sólo presentó un banner como medio de prueba, que además fue construido por un funcionario del municipio a quien no se le pagó honorarios.

Sobre el procedimiento, por el cual su exjefe de gabinete, Camilo Miranda, si fue condenado a tres años de pena en libertad y por el que Contraloría realizó un juicio de cuentas donde el alcalde debió restituir los fondos, el abogado defensor de Schwalm, Iván Cárdenas, aseguró que con dicho acto su representado debería ser absuelto.

Durante la apertura de la audiencia el jefe comunal dijo no recordar muchas de las acciones realizadas, asegurando que contratar a honorarios a un funcionario del municipio para funciones extra, es un acto habitual en todo el país, asegurando que no existió ningún tipo de estafa en los pagos efectuados, y que el procedimiento tendría tintes políticos, provocando una exposición mediática de su imagen.

Sin embargo, para el Ministerio Público -representado por la Fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chain- las acciones de la autoridad implican un “incumplimiento doloso”, considerando que reintegró los fondos años después, tras el juicio de cuentas realizado por la Contraloría.

En el juicio participa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, representado por el abogado Daniel Medina, quien sostuvo que las pruebas obtenidas y la exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía, permiten dar cuenta de los actos irregulares en que incurrió el alcalde.

Por el caso, el Ministerio Público está solicitando seis años de presidio, inhabilitación de cargos públicos mientras dure la condena, el pago de 110 UTM, y el pago del proceso judicial, lo que deberá ser revisado por el Tribunal una vez termine el juicio oral, donde se presentarán 22 testigos.