Como un gesto mínimo calificó la comunidad en Osorno las conclusiones emitidas tras el informe emanado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde se decretó abrir el expediente para caducar la concesión de Essal en la ciudad y pagar una multa de al menos $2.500 millones.
Al conocer los resultados de la fiscalización, el alcalde Jaime Bertín llamó al presidente Sebastián Piñera a que “no le tiemble la mano” con Essal.
Desde la Asociación de Consumidores de Osorno, su presidente Luis Álvarez, aseguró que era la señal mínima que esperaba la comunidad, adelantando que estarán atentos al largo proceso que comienza.
La comunidad osornina asegura estar consciente de que la empresa apelará y buscará que no se le quite la concesión, donde dicen esperar que las autoridades respondan al mayor requerimiento de Osorno: retirar a Essal de la ciudad, tras dejarlos 10 días sin agua y con las incertezas respecto a su potabilidad y potenciales problemas de salud a largo plazo.
Así lo indicó Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos.
Las reacciones se suman a una nueva acción judicial que esta vez presentaron en conjunto las sociedades civiles y ambientales de Osorno, donde solicitan a la Corte de Apelaciones de Valdivia requerir informes claros a la empresa y entidades de Gobierno, respecto a las acciones realizadas durante y después de la emergencia.
La comunidad asegura temer una vulneración a la salud de las personas, y que tras la serie de informaciones erróneas entregadas por Essal y replicadas por el Gobierno durante la denominada Crisis del Agua, no se conozca la cantidad exacta de petróleo vertido al agua ni la serie de errores en que habría incurrido la empresa antes y hasta la fecha, considerando el alto riesgo que evidencia la planta Caipulli y que era conocida desde 2018 por el Gobierno.
Ante la decisión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios – de iniciar expediente sancionatorio y de caducidad – desde la empresa sanitaria a través de un comunicado público expresaron que “manifiestan el irrestricto apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios que rige en Chile”.
De igual manera explicaron que “se encuentran a disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante el proceso administrativo que se inicia…”, donde aluden a que buscan “establecer con claridad que no ha existido intención de afectar a los clientes y que no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno”.
