Agrupaciones sociales interpusieron un recurso de protección en contra de la empresa Essal, donde solicitan aclarar la información de la emergencia y protocolos de seguridad en la planta Caipulli, por el derrame de petróleo sobre el cauce.
Lo anterior a raíz de la problemática que se produjo en la ciudad de Osorno, donde el vertimiento de hidrocarburo en el proceso de purificación de la empresa Essal llevó a que por cerca de 11 días, cientos de miles de familias no pudieran contar con el suministro del agua potable.
En este escenario, la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional y su Sexta Mesa de Descontaminación de los cauces de Osorno, sesionaron en la ciudad, en conjunto con representantes de la sociedad civil de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales, agrupación que buscan resguardar el medio ambiente, la Corporación Rahue y académicos.
Al respecto, Francisco Reyes, presidente de la comisión de Medio Ambiente del CORE, argumentó que dentro de las medidas que destacan es la solicitud hacia la Autoridad Sanitaria sobre la toma de muestras del río Rahue, desde donde se extrae agua para consumo en distintas comunidades rurales y campesinas.
En cuanto al recurso de protección, Reyes explicó que este obliga tanto al sector privado como público, a dar cuenta el trabajo de fiscalización y ver cómo se abordó la emergencia que trajo incertidumbre y falta de confianza en Osorno.
Lo anterior lo refuerzan esgrimiendo que el objetivo se centra en que la sanitaria aclare – por requerimiento judicial – la información de la emergencia, protocolos de seguridad en la planta Caipulli y sobre el derrame de petróleo sobre el cauce.
Así lo comentó Ricardo Becerra, presidente de la red medioambiental ciudadana de Osorno, quien informó que el recurso de protección es amparado por 4 organizaciones civiles, entre ellos, las uniones comunales de juntas de vecinos urbanas y rurales, la corporación Rahue y los ambientalistas.
De igual manera, Francisco Reyes explicó que la creación de la mesa de la descontaminación de los ríos de Osorno es imperante, para establecer obligatoriedad de las autoridades y finalmente poder establecer una norma secundaria que proteja legalmente los caudales.
Dentro de los acuerdos aprobados por la comisión destacan una serie de informes -solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustible- relacionados a protocolos de seguridad, revisión y cronogramas de trabajo en los equipos de combustibles y eléctricos de todas las plantas Essal de la región de Los Lagos, entre otros.
