Con una toma de las dependencias del Hospital Intercultural Pu Mülen de Quilacahuín, organizaciones sociales e indígenas de la comuna de San Pablo, manifestaron su rechazo ante la remoción del director del recinto, determinada por el director del Servicio de Salud en la provincia de Osorno, Marcelo Larrondo.

El distanciamiento de sus funciones, surgió luego de que dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) unitaria del recinto asistencial presentaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia acusando una violación, perturbación y amenazas contra las garantías constitucionales del ejercicio de la asociación gremial por parte del director.

Alberto Muñoz, señaló a través de un video difundido en redes sociales que esto se originó por sus gestiones ante Contraloría destinadas a clarificar una serie de irregularidades al interior del hospital, gestiones que habrían sido filtradas por parte del Servicio de Salud.

“Construyeron una demanda en mi contra, argumentando que hice una consulta a Contraloría en junio de 2018 respecto de la aplicación ley gremial en un funcionario que llevaba seis meses sin asistir al establecimiento, (…) los gremios siempre han sido amedrentadores y esta no es la excepción”, expresó.

En tanto, las comunidades exigen el término de los conflictos al interior del recinto que se ven reflejados directamente en las atenciones a los pacientes, tal como expresó Edith Canio, presidenta del Consejo de Comunidades Mapuche Huilliche de San Pablo.

“Solicitamos que el director tiene que volver a retomar su lugar, llevamos ya siete directores que han pasado por el Hospital Pu Mülen y siempre han tenido problema con los grupos gremiales, (…) se pelean entre ellos y finalmente esto rebota en los pacientes”, manifestó Canio.

Consultados al respecto, desde el Servicio de Salud de Osorno, aseguraron que no se referirán a dicha situación debido a que se mantienen en proceso de recopilación de mayores antecedentes, los que serán entregados a la comunidad durante la próxima semana.

Desde las comunidades, indicaron que de no recibir una respuesta favorable a sus demandas continuarán con las acciones de presión y gestiones ante instancias superiores.