Este jueves se concretó la diligencia en terreno por parte de un juez que busca establecer los deslindes de terrenos adquiridos por una sociedad en San Juan de la Costa y donde comunidades indígenas acusan un conflicto.
Son cerca de 50 familias que residen en Bahía Mansa, las que aseguran roces con integrantes de una sociedad que adquirió un terreno, lo que terminó en tribunales.
La presidenta de la comunidad Mapu Lafquen, Doris del Río, aseguró que conforme se fueron asentando las comunidades aparecieron también los problemas por el cierre de caminos, mediante la instalación de trancas y otras prácticas que atribuyen a usurpación de terrenos.
A ello se suma una seria crítica a la Conadi por no asumir su rol mediador en el conflicto.
Al respecto, representantes de la sociedad Alto Pulamemo, aludida en el conflicto, rechazaron un clima de tensión y confirmaron una acción judicial que involucra sólo a un particular.
Gerardo Fest Rivano, uno de los 10 integrantes de la sociedad que adquirió 88 hectáreas entre Bahía Mansa y Pucatrihue, salió en su momento al paso de las aseveraciones de la comunidad indígena Mapu Lafquen, que acusó cortes de caminos, modificación de cercos y permanentes roces.
Fest aclaró que la adquisición de los terrenos se hizo tras un estudio de título de manera retroactiva que comprometió 50 años. Por lo tanto, descartaron la preeminencia de un título de comisario, como esgrimen dirigentes de la comunidad.
Lo concreto es que hoy se realizó la visita de un juez, apoyado por un perito topográfico, para interiorizarse en terreno en torno a los deslindes que se esgrimen en la acción judicial, lo que ocurre en un ambiente pacifico, de acuerdo a la presidenta de la comunidad Mapu Lafquen, Doris de Río.
La diligencia espera aclarar las posturas de los involucrados en el conflicto, para lo cual se realizaron recorridos en la zona, en presencia de funcionarios de Carabineros que resguardaron el lugar.
