La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la primera sentencia decretada por el segundo juzgado civil de la misma ciudad y ordenó a la empresa Autorentas Tattersall Limitada, el pago de más de 200 millones de pesos a los familiares de una docente que falleció en un accidente de tránsito camino a Puerto Octay.

Los familiares de Carla Ramos, profesora de Lenguaje y Comunicación del colegio San Vicente de Paul de Puerto Octay, demandaron a la firma por su responsabilidad solidaria en el accidente. Este le costó la vida a ella y a otra profesora, y dejando una tercera mujer con serias lesiones.

El hecho ocurrió en mayo de 2015, cuando las educadoras transitaban por la ruta que une Osorno y Puerto Octay, a bordo de un vehículo particular que fue impactado violentamente por una camioneta.

El chofer del vehículo, Rodrigo Soto, conducía en estado de ebriedad, perdiendo y traspasando el eje de la calzada. Por el hecho fue condenado a cinco años de cárcel.

La demanda a la automotora surge porque la camioneta que conducía el responsable del accidente era de Autorentas Tattersall Limitada.

Si bien en un primer momento los juzgados civiles de Valdivia rechazaron la acción judicial, la Corte de Apelaciones revocó tal decisión y aceptó la demanda de indemnización de perjuicios, condenando a un pago de 925 mil pesos y fracción por daño emergente; 116 millones 854 mil por lucro cesante y 90 millones de pesos por daño moral.

En su fallo, la corte establece que en caso de que el propietario y el conductor del móvil no sean los mismos, al primero de ello le compete también una responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios que se pueda ocasionar en el uso del vehículo, a no ser que se acredite que fue tomado contra su voluntad, hecho que no ocurrió, según la corte.