Los representantes de la siete comunas de la provincia de Osorno se reunieron en la Gobernación Provincial para analizar la compleja situación que vive la zona, luego de que se suspendiera la entrega de agua desde el Gobierno para las zonas rurales.
Esto luego que finalizara el plazo dado desde la Intendencia para el traspaso de recursos a Onemi, destinados para la contratación de camiones aljibes. Más de mil familias, número que podría aumentar, han dejado de recibir la ayuda, dejando a los municipios en una compleja situación.
En la comuna de San Pablo, son 110 las familias afectadas, por lo que la entidad edilicia respectiva debió asumir el pago para contratar los camiones, con un costo superior a los 3 millones y medio de pesos.
El alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, sostuvo que ante tal contingencia, es necesario que se decrete emergencia sanitaria.
En Purranque son más de 270 las familias afectadas, según el catastro del municipio local. El alcalde Héctor Barría sostuvo que no pueden entregar agua con recursos propios, pues la Contraloría objetará tales gastos, al no existir un decreto gubernamental.
En la reunión también expuso lo que pasa en la región de Los Ríos, donde el propio Ministerio de Salud tomó determinaciones para asegurar la salud de la población.
Meses atrás, la Intendencia Regional determinó que las condiciones pluviométricas de la zona no ameritaban una emergencia, por lo que no se podía seguir entregando recursos.
Si embargo, por el reclamo de los alcaldes la situación se solucionó durante tres meses. Pero de continuar las trabas para la entrega de agua en zonas rurales, no se descartaba interponer un recurso de protección.
Barría sostuvo que si en el corto plazo el problema no se soluciona, podría tomar una acción judicial de tal tipo.
En la reunión, se acordó la búsqueda conjunta de una serie de soluciones y alternativas para el abastecimiento de agua, con tal de no seguir dependiendo de recursos de emergencia.
