Pescadores artesanales de San Juan de la Costa en la región de Los Lagos pidieron que se agilice la investigación por los $800 millones que hoy se acusan como “extraviados” en el Consejo Regional, y que estaban destinados a paliar los efectos dejados por la marea roja el 2016.
Lucio Jaramillo Navarro, buzo de caleta milagro en el borde costero de la provincia de Osorno, indicó que se trata de una preocupación compartida por cerca de 50 familias que conforman las comunidades indígenas Huatralafquen y Ancalao, las que aguardan aún por los recursos pendientes.
“Desde hace mucho tiempo que estamos desesperados en realidad, y ahora las platas se perdieron, no se sabe donde están metidas”, explicó, y pidió “a todas las autoridades que se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo porque esta plata tiene que llegar”.
“Somos hartas familias, y no sólo a nosotros sino a todo el resto de los pescadores que estamos sufriendo”, dijo.
Aparte de ello, el buzo mariscador opinó que “las autoridades no se han preocupado no más” y planteó que, si bien por ahora sólo se monitorea la situación de la marea roja en la costa osornina, preocupa la mortandad de productos del mar y llamó a los especialistas a buscar el origen de la situación.
Los recursos demandados por Jaramillo a nombre de los integrantes de las comunidades indígenas se sustentan en la investigación solicitada por la consejera regional Maria Angélica Barraza que pidió determinar el destino de los $800 millones aprobados por esa instancia para pescadores artesanales de la región de Los Lagos, y que estaban destinados a los afectados por la marea roja.
Barraza, en la reciente sesión del Consejo Regional en Futaleufú, expuso que los dineros aprobados en abril del año pasado no fueron recibidos por los pescadores afectados por la crisis de la marea roja de 2016.
Lo que más preocupa es que hasta ahora nada se sabe del aporte financiero que sería traspasado a Subpesca para su distribución mediante programas de desarrollo para esta actividad económica, y por ello se espera un pronunciamiento tanto de la Intendencia Regional como del Ministerio de Economía.
