El alcalde de Río Negro salió al paso y se desmarcó de su responsabilidad en el no pago de cuotas del convenio que mantuvo funcionando por más de diez años la Oficina de Protección de Derechos (OPD) Cordillera en Purranque.
Fue el jefe de control de la entidad edilicia quien detalló que el proceso se encuentra actualmente en análisis por Contraloría, pues podría derivar en una arista judicial.
De acuerdo a Héctor Fernández, la entidad rionegrina ni siquiera ha querido conversar el tema, pese a que en 2006 junto a los municipios de Frutillar y Puerto Octay firmaron un acuerdo, bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores.
Frente a ello, Schwalm sostuvo que se sentará a conversar en su momento, aún cuando no quiso polemizar con Purranque.
Ante la falta de una oficina de protección que ampare a los niños víctimas de delitos, derivados desde los tribunales de familia u otros organismos, ya proyectan tener uno en la comuna.
De hecho, sostuvo que piensan hacer lo mismo con las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual ya se elabora la iniciativa respectiva para levantar una casa de acogida.
