Preocupación existe entre los funcionarios de la autoridad sanitaria, luego que en medio de las fiscalizaciones por contaminación ambiental, un osornino los amenazara con un arma de fuego. Agresión que no significó la detención del hombre a pesar de la acción cometida.

Fue parte de la directiva de la Asociación Gremial de Funcionarios de la Salud (Afusalud) quienes en representación de los afectados (un hombre y una mujer), efectuaron la denuncia relatando que fue el viernes pasado cuando previa autorización de un residente, ingresaron al domicilio a efectuar las labores propias de su trabajo.

No obstante ello dijo Juan Antonio Espinza -tesorero de Afusalud- el propietario de la vivienda extrajo un arma de fuego con el cual los mantuvo amenazados por varios minutos, logrando la trabajadora escapar y pedir auxilio a Carabineros.

Pero para sorpresa de los agredidos, el hombre no fue detenido y no se elaboró el parte policial de acuerdo a los hechos vividos, lo que a juicio de ellos se configura a todas luces una falta a sus deberes militares.

Una situación que a su juicio debe ser investigada tanto por la Fiscalía administrativa como la militar, por lo que reúnen todos los antecedentes para presentar la denuncia correspondiente.

Frente a la acusación, la respuesta vino en voz del prefecto de los Servicios Mauricio Arenas, quien aseguró que se actuó dentro de líneas establecidas, pero que los fiscalizadores jamás le notificaron que fueron amenazados, sino más bien fue un reporte porque el propietario exhibía un arma.

Dos horas más tarde dijo Arenas, los mismos fiscalizadores se presentaron en la unidad de guardia de la primera Comisaría con una versión totalmente distinta a la informada primeramente.

Otro de los aspectos denunciados por el gremio de trabajadores es –a su juicio- la falta de asistencia y apoyo legal por parte de la autoridad de Salud en la zona, según lo señalado por Álvaro Olguín, secretario de Afusalud.

En ésta línea, la seremi de Salud Eugenia Schnake aseguró que se ha prestado toda la ayuda jurídica al respecto, a pesar que por protocolo los trabajadores tienen la obligación de informar de los hechos de forma inmediata y éstos dieron cuenta tres días después.

La asociación gremial en tanto asegura que continuará trabajando con los funcionarios afectados a quienes se le está asesorando jurídicamente y emocionalmente por los perjuicios emocionales que pudo haber generado el episodio vivido.