Más de cinco mil millones de pesos son los que ha recibido el municipio de Osorno por concepto de la Ley 19.933, cuerpo legal que forma parte del bono proporcional que reciben los profesores y que mantiene en litigio judicial su pago, ganado un grupo de 91 maestros -en dos instancias judiciales- quienes alegan no haberlo recibido.

La información fue entregada por el Colegio de Profesores de Osorno, luego de recibirla vía Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Educación. En su informe, la cartera de Gobierno detalló el traspaso de recursos que ha efectuado al municipio de Osorno desde 2012 hasta el pasado año, por concepto de las dos leyes que dan origen al denominado bono proporcional.

El traspaso de recursos para el pago de dichos aumentos se realizó a través de las leyes 16.410 y la 19.933. Por concepto de la primera, la secretaria general del Colegio de Profesores, Elba Vargas, confirmó que se ha cancelado y se observa en las colillas de pago de los docentes. En cinco años, fueron más de 1.702 millones de pesos.

Lo que no se ha pagado, aseguró, y, peor aún, no está claro es el destino de tales recursos correspondientes a la segunda Ley, conocida como Bono SAE.

Se trata de más de 5.335 millones de pesos que la entidad no ha dejado de percibir hasta la fecha, pese a que en 2009 se dejó de cancelar por orden de la Contraloría, que alegó que dichos montos eran para los profesores de establecimientos particulares subvencionados.

De hecho hizo ver que la cifra entregada corresponde sólo a cinco años, por que es lo que se puede demandar de acuerdo a la Ley. Sin embargo, se debe sumar lo percibido entre 2009 y 2012.

Vargas descartó que el pago se haya efectuado, pues -de haber sido así- se habría notado en sus sueldos, pues habrían crecido notoriamente.

La pregunta que se hacen entonces es dónde están esos 5.300 millones pues finalmente, de acuerdo a los fallos judiciales, simplemente no se pagaron.

Desde el municipio de Osorno alegaron que efectivamente se pagaron, pero no bajo un rótulo de bono, pues habría sido ir contra los dictámenes de Contraloría, lo cual conduciría a otro problema grave en probidad pública.

Así, y tal como se ha alegado en Tribunales de Justicia, tales recursos se habrían pagado a través de aumentos de remuneración, no sindicados como bonos. De hecho, se presenta un instructivo desde el Ministerio de Educación que define cómo pagar, esto es una especie de guía para salvar lo dicho por el ente contralor.

Pese a todo el revuelo que ha causado el tema a nivel nacional, se habría emitido un segundo dictamen de Contraloría, que reitera la imposibilidad de pagar el bono e incluso la de negociar con los docentes. Claro que, a su vez, determina que si los Tribunales dicen lo contrario, los municipios tienen que cancelar.