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Los 4 Municipios de la provincia de Osorno demandados por despido injustificado
Publicado por: Alejandro Alarcón La información es de: Dennys Salazar
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Probablemente uno de los principales dolores de cabeza que actualmente tienen varios municipios de la provincia sean los juicios por despidos injustificados por razones políticas. Y es que los cambios de administración comunal -tras las elecciones del 2016- revalidaron una práctica antigua, pero que actualmente tiene una marco legal que la sanciona, tanto en Contraloría como en los tribunales.

Tanto en Puyehue, Puerto Octay y San Pablo, los municipios pasaron de administraciones encabezadas por dem√≥crata cristianos, incluso por varios periodos, a manos de militantes de la UDI, por lo que “el corte de cabeza” tuvo impacto, a√ļn cuando los m√°s perjudicados podr√≠an ser los propios municipios, pues podr√≠an ser condenadas a desembolsar millonarios recursos para pagar indemnizaciones.

Por ejemplo, 16 exfuncionarios a contrata, honorarios o por c√≥digo del Trabajo del municipio de Puyehue, demandaron a la entidad edilicia en el Juzgado de Letras del Trabajo, exigiendo adem√°s de la regularizaci√≥n de sus despidos, indemnizaciones que podr√≠an superar los 160 millones de pesos de fallar en contra el tribunal, a√ļn cuando el proceso ser√° retomado durante los primeros d√≠as de julio, a la espera de la posibilidad de un advenimiento.

Y es que seg√ļn se detalla en la demanda, los despidos se hicieron el 2 de enero y “a viva voz”, vale decir, a los trabajadores simplemente se les dijo que ya no pertenec√≠an a la entidad sin nada regularizado, como explic√≥ el abogado representante, Mauricio Barr√≠a.

Resulta curioso saber que en una entidad municipal se ejecuten despidos de tal forma, pensando en que debiese existir an√°lisis legales, adem√°s de presupuestarios.

En Puerto Octay al parecer se entendió ello y se logró un acuerdo extra judicial con los cuatro funcionarios despedidos en enero pasado. Advenimiento que evitó ir al Juzgado de Letras del Trabajo en Osorno, pero que costó 50 millones de pesos a las arcas municipales.

En San Pablo, en tanto, también se reclama por despidos injustificados por motivaciones políticas en el caso de cuatro funcionarios, algunos cercanos al anterior alcalde Omar Alvarado.

Si bien se niega cualquier intencionalidad, más allá de lo operacional, si es cierto que existe un fallo de Contraloría que ordena la recontratación de uno de los despedidos.

Pero la situación está marcada porque existe un dictamen previo del mismo organismo que dice que el proceso se ajusta a derecho. Algo que debe aclarar la propia Contraloría.

En general la mayor√≠a de los despedido corresponde a modalidades de vinculaci√≥n laboral como la “contrata”, “honorario” o C√≥digo del Trabajo.

En el caso de la “contrata“, ha sido la propia Contralor√≠a la que defini√≥ el concepto de “confianza leg√≠tima”, estableci√©ndose que si la administraci√≥n a trav√©s de sus actuaciones ha renovado una contrata de manera recurrente, ello genera en el funcionario p√ļblico la confianza leg√≠tima de que ello se repita en lo sucesivo, al ser el comportamiento habitual del servicio. Y eso, independiente de si hay o no cambio de administraci√≥n comunal.

Por otro lado, el Código del Trabajo establece claramente las causales de un despido, ya sea vencimiento del plazo del contrato de trabajo; conclusión o término del trabajo o servicio que dio origen al contrato y caso fortuito o fuerza mayor.

Tambi√©n est√° el concepto de necesidades de la empresa, que obliga entonces al pago de indemnizaciones por a√Īos de servicio, adem√°s del aviso previo de 30 d√≠as o en su consiguiente el valor de dicho periodo de acuerdo al sueldo. Por otro lado, est√° claro que un despido as√≠ debe realizarse de acuerdo a todos los protocolos del cuerpo legal.

Si no se cumplen tales disposiciones, el caso puede ser llevado a la Inspección del Trabajo o a los Juzgados de Letras del ramo, comenzando así los procesos judiciales conocidos como de Tutela Laboral por Vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión de despido.

Sin embargo, en las acciones judiciales puede argumentarse, de acuerdo a otras leyes, la discriminación y ésta puede tener varios orígenes, como el político. Es precisamente ello lo que se ha argumentado en la mayoría de los procesos que viven municipios actualmente, desde donde se niega tal motivación.

Seg√ļn se inform√≥, la primera demanda por tutela laboral acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno fue la interpuesta por el exconcejal y funcionario municipal Juan Carlos Vel√°squez, que se desempe√Ī√≥ por m√°s de 30 a√Īos al interior de la entidad edilicia de Osorno.

Sin embargo, fue desvinculado en diciembre del 2016, luego de la elección municipal, que -además de no ratificarlo como edil- también lo condujo a quedar cesante.

Seg√ļn su argumentaci√≥n, su constante cuestionamiento a la vinculaci√≥n del municipio con la empresa Servitrans, entre otros, provoc√≥ su salida.

Desde el municipio se argumentó que se pagó todo lo exigido por ley en el plano de los despidos y que la razón no fue política, sino por supresión del cargo al eliminarse del Proyecto Anual de Educación Municipal (PADEM), el cargo de coordinador de recursos SEP, que ocupaba Velásquez. Decisión que además fue avalada con la aprobación del Concejo Municipal de dicha carta estratégica, exigida por ley.

Ajena a la polémica surgida al interior del cuerpo colegiado, por presuntas modificaciones al PADEM no conocidas por los ediles, el Juzgado de Letras falló en favor de Velásquez, ratificando el despido injustificado y condenando en primera instancia a pagar 13 millones de pesos a la casa edilicia. Una fallo que probablemente sea contrastado con un recurso de nulidad en un tribunal de alzada.

En tal sentido, el alcalde Jaime Bert√≠n ha sido claro en decir que por su cargo debe cautelar los recursos municipales y que lo que busca Vel√°squez “es s√≥lo plata“, por lo que recurrir√° a todas las instancias judiciales necesarias para evitar tal pago. As√≠ lo hac√≠a ver en abril pasado, tras prestar declaraciones en el Juzgado del Trabajo local.

Sin embargo, dicho esp√≠ritu de protecci√≥n de recursos p√ļblicos podr√≠an haber estado presente antes de tramitar el despido de Vel√°squez, porque tal como en otros municipios, finalmente la decisi√≥n podr√≠a afectar las arcas edilicias, pagando millonarias indemnizaciones de ratificarse lo injustificado del despido en cortes superiores.

A lo cual hay que sumar que producto de tal determinación, por ley, se le tuvieron que pagar más de 12 millones de pesos al exconcejal al momento de ser cesado.

Por ello es que, por ejemplo, Cristián Moreira, uno de los exfuncionarios de Puerto Octay que llegó a advenimiento extra judicial, llama a los municipio a terminar con tales prácticas.

Si bien en el caso de Osorno se trata de un fallo de primera instancia, de perder en las instancias que siguen, deberán simplemente pagar y para ello también solicitar la aprobación del Concejo Municipal de las modificaciones presupuestarias respectivas, incluso si se ofrece la salida del advenimiento, como en Puerto Octay.

En tal contexto, en Puyehue se busc√≥ tal soluci√≥n, pero el cuerpo colegiado no aprob√≥ los cambios en el presupuesto, a la espera de m√°s antecedentes. De acuerdo al concejal Renato Uribe, el municipio no tiene por qu√© asumir los millonarios costos de determinaciones cuestionables y que muchas veces no se ajustan a derecho, tomadas por la alcaldesa Mar√≠a Ximena N√ļ√Īez.

Salvo en el caso de Puerto Octay, los proceso de San Pablo, Osorno y Puyehue se encuentran en pleno desarrollo, pero hay que decir que pese a la gran cantidad de pruebas presentadas, lo injustificado de los despidos ha quedado f√°cilmente en evidencia.

En tal contexto conviene preguntarse si efectivamente existi√≥ prolijidad a la hora de desvincular a tales funcionarios; o si se revis√≥ acaso los √ļltimos dict√°menes de Contralor√≠a o la propia legislaci√≥n laboral y la complementaria para ejecutarlos, pues al menos los dict√°menes lo ponen en duda.

Pero tambi√©n est√° en duda aquel esp√≠ritu de protecci√≥n de los caudales p√ļblicos por lo que cabe preguntarse ¬Ņes acaso justo que los municipios terminen pagando millonarias indemnizaciones producto de diferencias pol√≠ticas que pueden ser atendibles en cargos de confianza, pero no en otros de car√°cter t√©cnico?

Adem√°s los actuales procesos judiciales sientan precedentes, por ejemplo, ante el cambio de Gobierno que se desarrollar√° en marzo del 2018, cuando un nuevo presidente ingrese a La Moneda y se renueven las cabeceras de servicio p√ļblicos.

Conocido es que tras ello, simplemente salen quienes son de partidos o lotes políticos distintos. De hecho, actualmente hasta los trabajadores a honorarios están protegidos por los Tribunales Laborales.

¬ŅLos nuevos intendentes, gobernadores, seremis o jefes de servicios continuar√°n acaso con una pr√°ctica cuestionada actualmente por la propia Contralor√≠a o peor a√ļn por los mismos Tribunales de Justicia? ¬ŅArriesgar√°n acaso el patrimonio de todos los chilenos por decisiones motivadas por diferencias pol√≠ticas? En marzo se sabr√°.

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