Tal como estaba previsto, en el reciente Concejo Municipal de Osorno se abordó la determinación de tribunales respecto al despido injustificado del exfuncionario del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Juan Carlos Velásquez.
Durante las diferentes audiencias de este caso – en Tribunales Laborales – fueron dos los funcionarios municipales que aseguraron que el cargo había sido suprimido en el programa 2017 del Padem, el que fue informado en septiembre de 2016 y posteriormente aprobado por unanimidad por el cuerpo colegiado.
Ante ello, Osvaldo Hernández, edil osornino, solicitó la realización de un sumario administrativo a fin de clarificar la responsabilidad que se le otorga al Concejo, solicitud ante la cual recibió una tajante negativa por parte del alcalde Jaime Bertin, asegurando que la petición de sumario no se justificaría.
Daniel Lilayu, concejal osornino, apoyo la moción de su homólogo, planteando que “cuando algo huele mal” lo más lógico y prudente es realizar un sumario a fin de transparentar un posible error administrativo ante la comunidad.
Por lo mismo, los ediles presentaron ante el Concejo copias de los Padem, tanto el trabajado por el cuerpo colegiado como el documento final aprobado, constatando el error, además de grabaciones del juicio donde los funcionarios afirmaban haber mentido ante tribunales. Pese a ello el jefe comunal de Osorno fue categórico en señalar en varias oportunidades que los antecedentes no ameritaban un sumario.
Por lo mismo, Hernández, apuntó a que concurrirán ante Contraloría.
Según apuntó el alcalde osornino, los concejales incurrían en una ilegalidad al querer clarificar el posible error, esto tras presentar los antecedentes en el Concejo Municipal. Ante ello Lilayu señaló que más allá del tema en tribunales, la finalidad es trasparentar y descartar un posible dolo administrativo.
Finalmente, será Contraloría la que deberá determinar la pertinencia del sumario solicitado por los concejales, mediante el cual se podría clarificar si existió falta a la probidad administrativa al interior del municipio sobre el cuestionado documento que llevó a la desvinculación de un funcionario del DAEM.
