La Contraloría Regional de Los Lagos resolvió la reincorporación de cuatro ex funcionarios del municipio de Puerto Octay que fueron desvinculados en diciembre de 2016, días después de que asumiera la alcaldesa María Elena Ojeda.

El falló llegó varios meses después de haberse interpuesto el requerimiento por los afectados, que contaban hasta 12 años al interior de la entidad edilicia.

De acuerdo a Cristián Moreira, uno de los demandantes, la razón de su separación no tiene otra justificación que no sea la política, pues el anterior alcalde Carlos Mancilla había resuelto prorrogar los contratos, bajo el cual estaban vinculados.

Sin embargo, efectuado el cambio de gobierno comunal, dicho compromiso no fue continuado por la nueva administración, por lo que en diciembre fueron conminados a dejar sus puestos de trabajo. Claramente los desvinculados no se quedaron de manos cruzadas y reclamaron a Contraloría, que falló a su favor.

Los desvinculados son personas integrantes de la Nueva Mayoría, grupo directamente opositor a la UDI, partido al que pertenece María Elena Ojeda y su equipo de confianza.

De ahí a que Moreira insistiera en que el fallo de Contraloría confirma lo injustificado del despido y que fue por razones políticas. Por ello es que pese a lo resuelto, no tiene intenciones de volver al municipio de Puerto Octay.

A ello hay que sumar que debido a largo tiempo que se tomó el ente contralor para analizar el caso, junto a los otros tres desvinculados, interpusieron una demanda en el Juzgado de letras laboral de Osorno por la regularización del despido, así como una indemnización por el mal causado.

Claramente el fallo de Contraloría les da un buen respaldo a la hora de enfrentar el juicio, que tendrá su primer audiencia el 22 de mayo próximo.