Con la presentación de la prueba documental de las partes, se desarrolla la segunda audiencia del juicio por presunto despido injustificado comenzado el pasado viernes, tras la demanda interpuesta por el ex concejal y funcionario Juan Carlos Velásquez contra el municipio de Osorno.

Se trata de una extensa jornada donde los abogados representantes de Velázquez trajeron a colación una serie de documentos entre contratos, reportes médicos, recortes de prensa y actas municipales.

Con estos antecedentes se pretende demostrar el daño moral y a la salud del ex concejal, así como la presión a la que fue sometido en su último tiempo como contador coordinador de Recursos SEP en el DAEM, desde donde fue desvinculado el 1 de diciembre de 2016, bajo el rótulo de “necesidades de la empresa”, específicamente por supresión del cargo.

Pero también buscan demostrar que la verdadera razón para su despido no fue laboral, sino por la molestia que habría generado el trabajo como concejal de Velázquez, que cuestionó en reiteradas ocasiones la extracción ilegal de ripio y por sobre todo las adjudicaciones e incluso la relación entre el municipio y Servitrans, empresa que ejecuta el relleno sanitario en Curaco y que tiene la concesión de los servicios de recolección de basura.

Posición que para la defensa del municipio local no es efectiva, pues Velázquez estaría utilizando su condición de ex concejal para obtener mayores réditos económicos.

Más allá de la discusión, el concejal Osvaldo Hernández lamentó el enfrentamiento judicial, más aún cuando la desvinculación del ex concejal puede ser vista como una revancha. Además Velázquez tiene derecho a ser indemnizado si es que siente que vulneraron sus derechos.

El despido de Velázquez ha sido justificado porque el Proyecto Anual de Educación Municipal, Padem, suprimió el cardo de contador coordinador de recursos SEP, que ocupaba el demandante. Un documento estratégico que fue aprobado por el Concejo Municipal, del cual fue parte Osvaldo Hernández, quien aclaró que dicha medida no fue comunicada, ni desde el municipio, ni del propio despedido.

Cabe señalar que el juicio en contra el municipio se suspendió hasta el 25 de mayo, ya que no se alcanzaron a rendir todas las pruebas por parte del demandante.