La muerte del excarabinero, Gustavo Muñoz Albornoz, en la cárcel de Punta Peuco trajo nuevamente a colación el debate del indulto presidencial para condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Parlamentarios de Osorno, no se cierran a la revisión de la norma en la materia, mientras que para organismos de derechos humanos eso sólo sería posible si colaboraran en el hallazgo de los detenidos desaparecidos, sin embargo esto no ocurrió
Muñoz Albornoz, oriundo de Osorno, cumplía una condena de diez años y un día en la cárcel dispuesta para reos procesados por crímenes durante el gobierno militar, tras ser ratificada su participación en el secuestro calificado y desaparición de César Avila Lara, exdirector provincial de Educación de Osorno, y del exgobernador de la Unión, Santiago Aguilar, a pocos días del golpe de Estado de 1973.
En dicho proceso también se incluyó otros cinco carabineros, entre ellos Adrián Fernández, jefe de la en ese entonces Tercera Comisaría, en Rahue. Todos formaban parte de una patrulla a la cual se le sindican otras desapariciones de simpatizantes de la Unidad Popular en la provincia.
Su enjuiciamiento por el juez con dedicación exclusiva, Jaime Salas, comenzó en 2003 y recién tuvo condena en 2013, tiempo desde el cual Muñoz Albornoz se encontraba recluido en Punta Peuco.
Sin embargo, su salud empeoró mientras estaba encarcelado, padeciendo una enfermedad renal terminal, hipertensión, diabetes, entre otras, además de tener una cadera fracturada.
Por ello fue en múltiples ocasiones internado en el Hospital de Carabineros y fue uno de los reos que solicitó el indulto presidencial en diciembre pasado, que nunca llegó, falleciendo finalmente en Punta Peuco, engrillado.
Un hecho que ha despertado el debate precisamente por el indulto a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Algo que para el diputado UDI, Felipe de Mussy, debe ser discutido, sobre todo cuando en caso de reos comunes se apela a los derechos humanos.
A juicio del parlamentario por el distrito 56 enfatizó en que no abrirse a la revisión del reglamento penitenciario podría ser hasta venganza.
Una visión totalmente distinta es la que tiene la presidenta nacional de la Unión de Ex Prisioneros de Chile, Nelly Cárcamo, quien enfatizó en que no se puede comparar a un reo común, que actúa de mutuo propio, con uno condenado por delitos de lesa humanidad.
Según la dirigenta éstos últimos lo hacen bajo su condición de agentes que actúan contra sus propios compatriotas, ejecutando un plan que no duda en calificar de terrorista, todo pagado por el Estado.
De ahí a la diferencia. Más aún cuando no ha existido cooperación para ubicar a las víctimas de los crímenes por los que fueron procesados y recluidos en Punta Peuco, tal como en Osorno.
Otro directamente involucrado por aquel negro periodo de la historia chilena es el diputado Fidel Espinoza, hijo de Luis Uberlindo Espinoza Villalobos, militante socialista y ex diputado por Puerto Montt, asesinado a los 33 años por una patrulla militar.
Pese a lo que todos pudiesen pensar, Espinoza aseguró que no se cierra a la cambiar la actual normativa que impide indultos presidenciales a condenados por delitos de lesa humanidad, aún cuando advirtió que debe existir colaboración de los culpables en la búsqueda de la verdad.
El cambio en la actual normativa se abre entonces como flanco de discusión pronta en el Parlamento frente a casos de delitos de lesa humanidad, pudiendo ser posible entonces el indulto por razones humanitarias ante enfermedades terminales.
Algo que de acuerdo a Nelly Cárcamo iría incluso en contra de leyes internacionales, que declaran que crímenes de tal naturaleza no son admistiables.
De todos modos comentó que no le extrañaría que se instituyeran los indultos, pues a su juicio en Chile, pese a todo lo vivido, la impunidad está completamente instalada.
Según se pudo recabar el cuerpo de Gustavo Muñoz Albornoz se encuentra ya en Osorno y está siendo velado. Sin embargo, no se quiso entregar información respecto al lugar donde es despedido ni donde será sepultado.
