Los funcionarios del sector público presentaron una querella con Fuerzas Especiales de Carabineros, que busca sancionar a los responsables por el uso desmedido contra los movilizados al momento de desalojar la Intendencia.

El abogado, Juan Antonio Espina, manifestó que no puede quedar impune el accionar de la policía y espera que sea un tribunal ordinario quien lleve adelante la investigación y no la fiscalía militar.

José Vargas, funcionario del Liceo Industrial, acusó la forma en que resultó afectado por el actuar de las Fuerzas Especiales al momento de desalojar la intendencia.

Juana Pineda, paradocente del Instituto Comercial, mostró una lesión en su pierna y además denunció que un carabinero le pegó un golpe en el pecho.

La acción va dirigida contra todos los que resulten responsables. Además le pide al tribunal que se establezca quien autorizó que Carabineros intervenga y desaloje el frontis de la casa del gobierno en la región.