Como un país lleno de contradicciones calificó a Chile la presidenta de la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile, Nelly Cárcamo, tras la serie de noticias conocidas en el último tiempo en materia de derechos humanos.
Por un lado celebran la tipificación del delito de tortura, pero a la vez dan cuenta del otorgamiento de beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar sobresalió la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo donde se califica a Augusto Pinochet como el autor intelectual del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y donde se lo nombra como “el gobernante más violento y criminal que haya tenido Chile en sus historia”.
Noticia celebrada por un lado, pero que fue acompañada en el mismo día por el otorgamiento de la libertad condicional al general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, encarcelado en Punta Peuco por los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y secuestro calificado.
Ambas situaciones demuestran la contradicción chilena a la hora de abordar la justicia y los derechos humanos, algo que es de carácter netamente político, según Cárcamo.
Cárcamo descartó que sea posible homologar los derechos de un preso común a uno condenado por crímenes desde el aparato del Estado. Por ello tampoco celebró el despacho para promulgación del proyecto que tipifica el delito de tortura. Si bien quedó en condiciones de ser promulgado, no es retroactivo, reclamó.
Es por ello que anuncian acciones futuras en materia de justicia, tanto en tribunales nacionales -sobre todo a la hora de hablar de centros de tortura- pero también en cortes internacionales.
